En el Día Mundial del Agua (22 de marzo) y el Día Mundial de los Glaciares (21 de marzo), la ONU advierte que el planeta atraviesa una “quiebra hídrica” sin precedentes y que más de 2.100 millones de personas aún carecen de acceso seguro al recurso. En Argentina, el debate se vuelve urgente: el Senado aprobó una modificación a la Ley de Glaciares que podría debilitar la protección de reservas estratégicas que abastecen a más de siete millones de personas, mientras casi 100.000 ciudadanos pugnan por ser escuchados en audiencias públicas que el oficialismo limitó a 400 participantes.
Hay un número que lo resume todo: 2.100 millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a agua potable cerca de sus hogares. Eso equivale a más de un cuarto de la humanidad. Y sin embargo, el agua sigue siendo dada por sentada, administrada con irresponsabilidad y, en muchos lugares del planeta, disputada como si fuera un recurso infinito.
Dos fechas del calendario internacional, el 21 de marzo, Día Mundial de los Glaciares, y el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, llegan este año con una carga especial: la ciencia global dice que ya es tarde para seguir mirando para otro lado, y en Argentina, la disputa sobre la Ley de Glaciares pone en el centro exactamente ese dilema.
Un planeta en quiebra hídrica
El lema que eligió la ONU para este 22 de marzo lo dice con precisión poética: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”. Coordinada por UNICEF y ONU-Mujeres, la campaña 2026 pone el foco en una verdad que los datos confirman: la crisis hídrica global no afecta a todos de la misma manera. Afecta, sobre todo, a quienes ya eran más vulnerables.
Un informe histórico de la Universidad de las Naciones Unidas lo señala sin eufemismos: el mundo entró en una era de “quiebra hídrica global”. No se trata sólo de haber gastado el ingreso anual de agua que aportan ríos y lluvias.
La humanidad también ha vaciado los ahorros milenarios que estaban guardados en glaciares, humedales y acuíferos. La agricultura intensiva, el crecimiento urbano descontrolado, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero llevaron el sistema al límite. En ciertos ecosistemas, ese límite ya se cruzó sin retorno.
Los números son contundentes. Desde el año 2000 hasta 2024, unos 2.200 millones de personas obtuvieron acceso a agua potable gestionada sin riesgos, un avance real. Pero aún quedan 1.800 millones sin ese acceso en sus hogares. Y en dos de cada tres de esos hogares, son las mujeres quienes cargan con la tarea de ir a buscar el agua.
Una crisis que tiene género
Más de 1.000 millones de mujeres, más del 27% de las mujeres del mundo, carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados sin riesgos. De ellas, se estima que 205 millones beben agua de fuentes no mejoradas o directamente de la superficie.
La estadística no es abstracta: detrás de cada número hay una niña que no fue a la escuela porque tuvo que caminar kilómetros para llenar un recipiente, una mujer expuesta a riesgos de violencia durante esos trayectos, una comunidad entera cuyo desarrollo está trabado por la falta de agua segura.
En los 53 países sobre los que la ONU dispone de datos, las mujeres y niñas dedican 250 millones de horas al día a la recolección de agua, más del triple que los hombres y los niños. Ese tiempo robado es también tiempo quitado a la educación, al trabajo, a la vida. Cada día, además, mueren en el mundo unos 1.000 niños y niñas menores de cinco años por causas relacionadas con el agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene.
La ficha informativa del Día Mundial del Agua 2026 elaborada por las Naciones Unidas agrega una proyección que alarma: unas 380 millones de mujeres y niñas viven hoy en contextos de estrés hídrico alto o crítico. Para 2050, esa cifra podría trepar a 674 millones en 33 países. El futuro del agua es, en gran medida, el futuro de la igualdad de género.
Pese a que el 71% de las políticas sobre recursos hídricos ya incluye medidas específicas para mujeres y niñas, alrededor del 14% de los países del mundo todavía no cuenta con mecanismos que garanticen la participación femenina en igualdad de condiciones en la toma de decisiones sobre agua.
Las mujeres, además, representan apenas una quinta parte de la mano de obra en el sector hídrico, y siguen estando subrepresentadas en los puestos donde se definen las políticas.
Los glaciares: los tanques de agua que se derriten
El 21 de marzo se conmemoró el Día Mundial de los Glaciares, una fecha que este año en Argentina sonó con urgencia particular. Los glaciares son, en esencia, las grandes reservas naturales de agua dulce del planeta: acumulan hielo, nieve y suelos congelados, regulan los sistemas hídricos y liberan gradualmente el recurso que alimenta ríos, lagos y humedales.
Son, también, indicadores sensibles del cambio climático: su retroceso refleja, con precisión brutal, el aumento de la temperatura media del planeta.
En Argentina, los glaciares se extienden a lo largo de unos 3.500 kilómetros en la cordillera de los Andes. Su importancia va mucho más allá del paisaje. Son el sustento hídrico de cuencas enteras, especialmente en épocas de sequía, y garantizan el abastecimiento de agua potable y el desarrollo productivo en amplias regiones del país.
Sostienen ecosistemas únicos, humedales altoandinos, bosques andinos patagónicos, turberas, que albergan especies como el huemul o el macá tobiano, muchas de ellas amenazadas.
Pero la pérdida de masa glaciar no sólo implica menos agua disponible. También genera riesgos naturales crecientes: la formación de lagos inestables tras el retroceso del hielo puede derivar en aluviones de consecuencias catastróficas.
Y si bien algunos especialistas señalan el peso de la variabilidad climática natural en la dinámica glaciar, el consenso científico predominante apunta directamente al calentamiento global provocado por la actividad humana como el factor determinante.
Argentina: la Ley de Glaciares en el ojo de la tormenta
Es en este contexto global que cobra toda su dimensión lo que está ocurriendo en Argentina. A fines de febrero, el Senado le otorgó media sanción a la modificación de la Ley de Glaciares N° 26.639, la norma que protege glaciares y ambientes periglaciares: las principales reservas de agua dulce de una enorme porción del territorio nacional. No se trata de una ley simbólica.
Es el piso mínimo que resguarda fuentes de agua que sostienen cuencas enteras y a más de siete millones de personas.
La reforma, incluida entre las prioridades legislativas de la gestión de La Libertad Avanza, modifica aspectos clave de la norma vigente. Si bien ratifica a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos, añade una disposición que genera alarma entre ambientalistas y expertos: la posibilidad de que las autoridades locales determinen cuándo una reserva es considerada “estratégica” e intervengan en la composición del Inventario Nacional de Glaciares (ING), pudiendo incluir o remover glaciares y geoformas periglaciares según su criterio.
Para organizaciones ambientales, esa modificación abre la puerta a que intereses económicos, especialmente mineros, condicionen la protección de ecosistemas que hoy la ley ampara.
100.000 voces, 400 lugares: la democracia en disputa
Para los próximos 25 y 26 de marzo, la Cámara de Diputados convocó a audiencias públicas para debatir la modificación. Lo que debía ser una instancia de participación ciudadana se convirtió en una nueva batalla: casi 100.000 personas se inscribieron para participar, en una movilización sin precedentes en la historia ambiental del país.
Sin embargo, el Gobierno definió que solo 400 personas podrán hacerlo de manera oral: menos del 0,4% de los inscriptos.
Ante esa restricción, la ONG Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos. La organización también solicitó que la participación no se reemplace por el envío de una carta o un video, y que se designe veedores judiciales para supervisar el desarrollo de las audiencias.
Esto no es participación, es una simulación. De 100.000 personas que se inscribieron para ser escuchadas, apenas el 0,2% podrá tomar la palabra. El resto queda reducido al silencio. pic.twitter.com/uqQTz7TU2N
— Asamblea No a la Mina – Esquel ✊🏼💧 (@NoalaminaEsquel) March 21, 2026
Diputados de distintos bloques, Unión por la Patria, Coalición Cívica y Provincias Unidas, habían realizado previamente una solicitud similar en el ámbito legislativo, advirtiendo que un proceso con instancias de participación “meramente formales” incrementa significativamente el riesgo de judicialización.
La medida cautelar recayó sobre el Juzgado Nacional N° 7 en lo Contencioso Administrativo Federal, que finalmente rechazó la ampliación de las audiencias.
El diputado Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza y uno de los coordinadores del proceso, celebró el fallo y defendió la legitimidad del esquema de debate, argumentando que se ajusta al Acuerdo de Escazú, el marco internacional de participación ambiental, y que se habilitaron cuatro vías de participación con representación de todas las provincias.
La tensión, sin embargo, está lejos de resolverse. Para las organizaciones ambientales, limitar a 400 voces lo que podría haber sido el debate ambiental más masivo de la historia argentina no es un detalle procedimental: es una señal de hacia dónde apunta la reforma.
Lo que está en juego
Nuestro cuerpo está compuesto, en su mayoría, por agua. Un hombre adulto lleva aproximadamente el 60% de agua en su organismo; una mujer, cerca del 55%. El agua está presente incluso en los huesos y es el principal componente de la sangre. Sólo podemos vivir una semana sin ella, mientras que podríamos resistir un mes sin comer. Es la sustancia que lo conecta todo: desde los glaciares hasta los mares, pasando por los ríos que fertilizan los cultivos.
El debate que se juega en Argentina en estos días, en las audiencias públicas, en los juzgados, en las calles, es, en el fondo, el mismo que se plantea a escala global: ¿quién tiene el poder de decidir sobre el agua? ¿Las comunidades que dependen de ella para vivir, o los actores económicos que la conciben como un insumo? ¿La ciencia que advierte sobre el retroceso glaciar, o las autoridades locales que podrían redefinir qué merece protección?
La ONU lo sintetizó con un lema que, este año, resuena con especial fuerza en la Patagonia, en el NOA, en cada cuenca que depende del deshielo cordillerano: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”. El agua no es un recurso negociable. Es un derecho.
Y lo que ocurra con la Ley de Glaciares en las próximas semanas dirá mucho sobre el tipo de país, y de mundo, que estamos dispuestos a construir.
