Una respuesta crítica al relato oficial sobre los 50 años del Golpe. El material fue difundido por las redes oficiales y, a diferencia de los 2 años anteriores, es una producción con un impacto moderado en la sociedad, que contrasta con las multitudinarias movilizaciones que se desarrollan en todo el país.
El video difundido por el Gobierno argentino con motivo de los 50 años del golpe de Estado de 1976 genera, como cadaaño, un profundo debate y preocupación en la sociedad. Bajo la premisa de ofrecer una “historia completa” y “dar vuelta la página”, el material audiovisual y el texto que lo acompaña buscan reinterpretar los trágicos acontecimientos de la década del 70, deslegitimando las políticas de derechos humanos de las últimas décadas y reinstalando una versión actualizada de la Teoría de los Dos Demonios.
El discurso oficial califica la construcción de la memoria, verdad y justicia de los últimos veinte años como un “relato sesgado y revanchista”, impulsado por intereses económicos y políticos.
Esta afirmación no solo ignora el consenso democrático alcanzado en Argentina respecto al terrorismo de Estado, sino que también desvaloriza el incansable trabajo de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y la sociedad en su conjunto para esclarecer los crímenes de lesa humanidad.
Los juicios a los responsables de la dictadura no fueron un acto de “revancha”, sino la materialización de un derecho fundamental a la justicia, enmarcado en el debido proceso legal y con todas las garantías constitucionales que, paradójicamente, fueron negadas a las víctimas por el régimen militar.
La insistencia en una “historia completa” se presenta como un intento de equiparar la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras. Esta equiparación es una falacia histórica y jurídica.
El Estado, como garante de la ley y el orden, posee el monopolio de la fuerza y la responsabilidad ineludible de proteger a sus ciudadanos. El terrorismo de Estado implicó el uso sistemático y clandestino de ese poder para secuestrar, torturar, asesinar y desaparecer personas, constituyendo un genocidio.
La postura del Gobierno en torno a la memoria
Las acciones de los grupos guerrilleros, si bien condenables en muchos casos, no pueden ser puestas en el mismo plano que la maquinaria represiva de un Estado que violó de manera masiva y planificada los derechos humanos de su propia población. La asimetría del poder entre el Estado y los grupos armados es un elemento crucial que el relato oficial omite deliberadamente.
La propuesta de “dar vuelta la página” es una invitación a la impunidad y al olvido. La memoria no es un obstáculo para el futuro, sino un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y democrática.
Ocultar o relativizar los crímenes del pasado, bajo el pretexto de una supuesta “pacificación”, solo perpetúa las heridas y abre la puerta a la repetición de las tragedias. La “memoria completa” que se invoca parece ser, en realidad, una memoria selectiva que busca legitimar el accionar represivo y desdibujar las responsabilidades de los perpetradores.
El video también utiliza el dolor de las víctimas de la violencia guerrillera para sus propios fines políticos, intentando anular la especificidad del genocidio estatal.
Si bien el sufrimiento de todas las víctimas merece respeto y reconocimiento, instrumentalizarlo para justificar una narrativa revisionista es una estrategia peligrosa que distorsiona la verdad histórica.
El argumento del “gasto” de miles de millones de dólares en políticas de memoria es una mercantilización de los derechos humanos, buscando desviar la atención de la responsabilidad del Estado en la violación sistemática de los mismos.
En definitiva, el video gubernamental representa un intento de reescribir la historia, socavar el consenso democrático del “Nunca Más” y reinstalar una visión negacionista que busca equiparar a víctimas y victimarios.
La sociedad argentina demostró, a lo largo de décadas, su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. Es fundamental defender estos principios para garantizar que las nuevas generaciones accedan a una comprensión honesta de nuestro pasado, libre de manipulaciones ideológicas, y así construir un futuro basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Así armó el Gobierno su relato por los 50 años del Golpe
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias.
A 50 años del inicio del 24 de marzo de 1976, la Casa Rosada presenta dos testimonios que ayudarán a comprender la historia completa:
-Miriam Fernández, hija de desaparecidos, fue revictimizada por el Estado Nacional y obligada a someterse a un estudio de ADN para determinar su identidad.
-Arturo C. Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, militar del Ejército Argentino, secuestrado el 11 de agosto de 1974 y asesinado en cautiverio por la guerrilla.
El texto introductorio del video del Gobierno:
En el año 2003, el gobierno nacional argentino lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del 70 con una visión sesgada y revanchista, cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder.
En ese proceso, miles de víctimas del accionar estatal, para estatal y de los grupos guerrillero terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar.
Hoy, 20 años después de este fatal experimento narrativo que le costó miles de millones de dólares a los argentinos y que en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó, este gobierno se dispuso por primera vez a dar vuelta a la página, dándole visibilidad a la historia completa. La historia debe conocerse en su totalidad. Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación.
A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras. Solo una sociedad dispuesta a mirar su pasado con verdad y libertad, sin ocultar información ni de un lado ni del otro, puede aprender de él y construir un futuro sin repetir sus tragedias.
En ese espíritu y como gesto de reparación y reconocimiento, convocamos a quienes fueron silenciados y cuyos derechos no fueron reconocidos a brindar su testimonio para que sus historias aporten a una comprensión completa y honesta de nuestro pasado. Algunas víctimas citadas para dar su valioso testimonio optaron por no participar a efectos de resguardar su intimidad.
A diferencia de lo ocurrido entre los años 2003 y 2023, este gobierno respeta ese derecho y no ejercerá coerción sobre la voluntad de las víctimas.
