Industriales PyMES Argentinos presentó un proyecto de emergencia que propone reducción de tarifas, alivio impositivo, créditos blandos y beneficios para sostener el empleo. La iniciativa busca contener el cierre de empresas en un contexto de retracción económica y apertura importadora.
Con un diagnóstico crítico sobre la situación productiva, Industriales PyMES Argentinos (IPA), salió a reclamar una respuesta urgente del Estado frente al deterioro que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.
El presidente de la entidad, Daniel Rosato (foto), defendió el proyecto de Ley de Salvataje Nacional impulsado por el sector y aseguró que la iniciativa apunta a evitar un escenario de mayor conflictividad social marcado por despidos, cierres de fábricas y caída del consumo interno.
La propuesta plantea declarar la emergencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y articula una serie de medidas sobre cuatro frentes: tarifario, impositivo, productivo y laboral. Desde IPA sostienen que el entramado pyme enfrenta una combinación de factores que asfixian la actividad: aumento de costos operativos, subas de tarifas, presión tributaria, apertura importadora y una fuerte retracción del mercado interno.
“Agradecemos a los legisladores nacionales que nos escucharon y entendieron la importancia de contar con una ley que proteja a las PyMES y a los trabajadores”, expresó Rosato, quien además buscó despegar la iniciativa de cualquier posicionamiento partidario. En ese sentido, convocó a diputados y senadores oficialistas a abrir canales de diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en el tratamiento parlamentario del proyecto.
Las claves del proyecto de ley para PyMES
Uno de los puntos centrales del texto apunta al alivio de los costos fijos que enfrentan las empresas. La iniciativa propone reducir en un 50% las tarifas de energía eléctrica, gas y agua para las MiPyMES, además de aplicar una rebaja equivalente en el IVA de esos servicios cuando estén destinados exclusivamente a procesos productivos.
En el plano fiscal, el proyecto contempla un Régimen Excepcional de Regularización de Obligaciones Tributarias, de Seguridad Social y Aduaneras. Para las microempresas se prevé la condonación total de multas e intereses, junto con planes de pago especiales y la exención del impuesto al débito y crédito bancario.
La recuperación del consumo interno aparece como otro de los ejes del proyecto. Entre las medidas previstas figura un reintegro del 25% del IVA para consumidores que compren productos de primera necesidad elaborados por PyMES, además de líneas de crédito blandas destinadas tanto a empresas como a trabajadores.
“No solo las grandes empresas necesitan beneficios. Las PyMES y la sociedad en su conjunto merecen herramientas impositivas y financieras para recuperarse”, afirmó Rosato.
La iniciativa de IPA también incorpora cambios en la relación entre el Estado y las empresas proveedoras. En caso de aprobarse, los organismos públicos deberían cancelar pagos pendientes a PyMES en un plazo máximo de 30 días corridos. A su vez, supermercados e hipermercados tendrían la obligación de destinar al menos el 30% de sus góndolas a productos elaborados por empresas nacionales de menor escala.
Como contraparte, el proyecto establece una cláusula de preservación laboral. Las empresas que adhieran a los beneficios deberán sostener sus plantillas de trabajadores durante la vigencia de la emergencia. El incumplimiento de esa condición implicaría la pérdida automática de los beneficios otorgados.
Desde IPA advierten que el deterioro del entramado productivo podría profundizarse si no se adoptan medidas de contención en el corto plazo. “Sin MiPyMES no hay reconstrucción económica posible”, resumieron desde la entidad al presentar una propuesta que busca instalar en el Congreso la discusión sobre el futuro del sector productivo nacional.
