Diputados inicia el debate de la Ley de Lobby y el Súper RIGI con la presencia de funcionarios del Gobierno

Diputados

La Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles el tratamiento de dos de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo que buscan avanzar en materia de transparencia institucional y promoción de inversiones: la denominada Ley de Lobby y el llamado Súper RIGI. Ambas iniciativas comenzarán a discutirse en reuniones plenarias de comisiones y contarán con exposiciones de funcionarios nacionales.

La actividad parlamentaria comenzará a las 14 con el tratamiento del proyecto de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, más conocido como Ley de Lobby. La iniciativa será abordada por un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, a cargo de Santiago Santurio.

El encuentro tendrá carácter informativo y contará con la participación de funcionarios del Gobierno nacional. La propuesta oficial busca establecer un marco regulatorio para las actividades de lobby y gestión de intereses ante funcionarios y legisladores, con el objetivo de transparentar los vínculos entre el sector público y actores privados.

Entre sus principales disposiciones, el proyecto crea un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse quienes realicen actividades de lobby. Además, obliga a declarar los intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones realizadas.

Los registros deberán incluir información detallada sobre cada contacto, como fecha, hora, modalidad de la reunión, dependencia donde se llevó a cabo, identidad del beneficiario y una síntesis de los temas tratados.

Asimismo, establece obligaciones para funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, quienes deberán informar las audiencias mantenidas con gestores de intereses y rendir cuentas sobre esos vínculos.

La iniciativa también prevé un régimen de sanciones para quienes incumplan las disposiciones, con multas que van desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades de lobby. En los casos de representación clandestina de intereses extranjeros, contempla penas de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial.

Según fuentes parlamentarias, el oficialismo considera que el proyecto podría reunir consensos amplios debido a la coincidencia de distintos bloques sobre la necesidad de regular una actividad que históricamente se ha desarrollado sin una normativa específica en Argentina.

No obstante, su tratamiento en el recinto podría demorarse hasta después del Mundial de Fútbol y del receso invernal, mientras continúan las negociaciones con sectores aliados para incorporar modificaciones.

Debate sobre el Súper RIGI en Diputados

Una hora más tarde, a las 15, comenzará el tratamiento del proyecto denominado Súper RIGI en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Para la presentación de la iniciativa fueron confirmadas las exposiciones de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne, secretario de Coordinación Productiva, ambos funcionarios del Ministerio de Economía.

El proyecto propone ampliar el régimen de incentivos para grandes inversiones con foco en sectores considerados estratégicos y de frontera tecnológica que habían quedado fuera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024.

Entre las actividades alcanzadas figuran la explotación y procesamiento de minerales críticos como litio y uranio, la fabricación de baterías, el desarrollo de hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores, inteligencia artificial y otras industrias de alta tecnología.

Para acceder a los beneficios del régimen, las empresas deberán comprometer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares. A cambio, el Estado ofrecerá estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante un período de 30 años.

Entre los incentivos previstos se destacan la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, la amortización acelerada de inversiones, con un 60% deducible durante el primer año y un 20% en cada uno de los dos años siguientes, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una alícuota única del 10% para contribuciones patronales.

El proyecto también contempla la deducción de quebrantos sin límite temporal, una alícuota del 7% para dividendos, que descenderá al 3,5% después de cuatro años, exenciones de derechos de importación y exportación, la eliminación de restricciones y cupos operativos, y un esquema de disponibilidad progresiva de divisas que permitirá acceder al 100% de los dólares generados por exportaciones luego de tres años.

Reuniones previas y expectativas legislativas

En la antesala del debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encabezó una reunión con representantes de bloques aliados para presentar los alcances del Súper RIGI y despejar dudas sobre el proyecto.

Del encuentro participaron, entre otros, el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni; Nicolás Mayoraz; los diputados del PRO Cristian Ritondo, Javier Sánchez Wrba y Martín Yeza; los radicales Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Karina Banfi; Oscar Zago, del MID; José Luis Garrido, de Santa Cruz; y el misionero Alberto Arrúa, de Innovación Federal.

Durante la reunión, Daniel González realizó una exposición técnica sobre la propuesta, mientras representantes del PRO y de la UCR plantearon consultas sobre distintos aspectos del régimen.

En el oficialismo consideran que el proyecto tiene mayores posibilidades de alcanzar consensos rápidos y aspiran a obtener dictamen en las próximas semanas para llevarlo al recinto en una sesión especial que podría realizarse hacia fines de junio, junto con el tratamiento del acuerdo de conciliación con los holdouts. Sin embargo, algunos sectores aliados impulsan adelantar el debate parlamentario para mediados de mes.

Con ambas iniciativas en agenda, el Gobierno busca avanzar simultáneamente en dos ejes que considera prioritarios: la regulación de las gestiones de influencia sobre el Estado y la captación de inversiones de gran escala para sectores estratégicos de la economía.


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