El 9 de junio de 1956, poco antes de la medianoche, un grupo de hombres se reunió en una casa de la localidad bonaerense de Florida. Algunos habían ido a ver una pelea de boxeo por radio; otros, a esperar noticias de un levantamiento militar en marcha. La policía bonaerense irrumpió en la vivienda y detuvo a doce personas. Setenta años después, entre el 17 y el 19 de junio de 2026, el Juzgado Federal N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence, llevó adelante el primer juicio en el fuero federal por los fusilamientos de José León Suárez.
Las llevó primero a una comisaría y después intentó trasladarlas al Liceo Militar de San Martín para fusilarlas allí. Un sargento se negó a dejarlos pasar. Fue entonces cuando los condujeron a los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, y los mataron por la espalda.
Cinco de los doce no sobrevivieron: Mario Brión, Vicente Rodríguez, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti y Carlos Lizaso. Los otros siete, Juan Carlos Livraga, Reinaldo Benavídez, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Norberto Gavino, Rogelio Díaz y Julio Troxler, lograron escapar de la balacera. La orden había salido del entonces jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, un hombre que se había declarado antiperonista desde 1940, tras cruzarse con Perón como profesor en la Escuela de Guerra, y que llegó a verlo “como un peligro para el país”.
Esa noche, frente a la casa de Florida, los policías preguntaban por un nombre puntual: el del general Raúl Tanco. Creían que entre los detenidos estaba uno de los cabecillas del levantamiento que, junto al general Juan José Valle, intentaba derrocar a la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu para forzar el regreso de Perón al poder. Tanco no estaba esa noche en la casa. Igual se los llevaron a todos.
El contexto explica la furia de esa represalia. Perón había ganado las elecciones de 1951 con un triunfo contundente, pero la tensión con sectores opositores y con la Iglesia católica fue creciendo durante 1955. El 16 de junio de ese año, aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon la Plaza de Mayo y la Casa Rosada en un intento de asesinarlo; el ataque fracasó, pero anticipó lo que vendría.
El 16 de septiembre, un nuevo golpe militar lo derrocó. Asumió primero el general Eduardo Lonardi, de signo más moderado, pero un golpe interno lo desplazó el 13 de noviembre y entronizó a Aramburu junto al almirante Isaac Rojas: arrancaba la etapa más dura de la autodenominada Revolución Libertadora.
Cuando el general Valle se sublevó en junio de 1956 para reclamar el regreso de Perón, la represión fue feroz: además de los fusilamientos de José León Suárez, hubo otros en Lanús, Campo de Mayo y la entonces Penitenciaría Nacional, hoy Plaza Las Heras, hasta sumar 31 militantes peronistas asesinados en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por la misma causa.
Juan José Valle había nacido en Buenos Aires el 15 de marzo de 1904 y fue fusilado en la Penitenciaria de Las Heras el 12 de junio de 1956. Años después promovido al grado de teniente general post mortem.
Hay un detalle jurídico que sus protagonistas no se cansan de remarcar: la Ley Marcial que supuestamente autorizaba estos fusilamientos comenzó a regir recién un día después de las detenciones. Es decir, cuando mataron a Brión, Rodríguez, Carranza, Garibotti y Lizaso, no existía ningún marco legal, ni siquiera el de una dictadura, que lo permitiera. Fueron asesinatos clandestinos e ilegales.
“Hay un fusilado que vive”: el origen de Operación Masacre
El que sobrevivió para contarlo fue Juan Carlos Livraga, entonces un conductor de colectivo de 24 años que esa noche tenía planeada una cita después de la pelea de boxeo. Un policía lo golpeó con la culata de un fusil y lo dejó inconsciente; cuando recuperó el conocimiento, lo arrastraban por el suelo hacia una camioneta militar. “¿Con esta facha pensabas hacer la revolución?”, le dijo, burlón, uno de los uniformados. Era Fernández Suárez en persona.
Ya en el descampado, Livraga se tiró al suelo. Escuchó gritos, disparos, y a Vicente Rodríguez gritando “hijos de puta, mátenme” mientras le tiraban. Una voz dijo: “Este respira, disparale”. Livraga sintió la bala atravesarle la nariz y la mandíbula. Se desvaneció. Cuando despertó, con mucho frío y mucho dolor, se levantó y caminó hasta encontrar ayuda. Lo llevaron a un hospital, donde lo atendieron.
Pero la pesadilla no había terminado: de madrugada, fue prácticamente secuestrado del hospital por un vehículo militar y mantenido encerrado y aislado, desnudo en pleno invierno, sin agua, comida ni baño, durante 28 días. Livraga concluyó después que lo habían abandonado a su suerte, calculando que moriría: su sola existencia, como testigo viviente de los fusilamientos, era un riesgo para la dictadura.
No murió. Fue legalizado y trasladado al penal de Olmos, donde lo contactó el abogado Máximo Von Kotsch, quien gestionó su liberación. Quien le permitió ese acceso al penal fue Jorge Doglia, entonces jefe de la División Judicial de la Policía bonaerense, un abogado sin formación policial que había ingresado a la fuerza poco antes de los sucesos y que, a diferencia de sus superiores, no se sumó a la cultura del silencio: alertó a Von Kotsch y facilitó el contacto. Por eso fue primero sumariado y luego cesanteado. Su legajo fue reparado recién un año atrás, a modo de homenaje tardío.
También sufrió consecuencias el comisario de San Martín, Rodríguez Moreno, que había recibido la orden de matar a los detenidos: fue sancionado a fines de 1956, aunque no por haber fusilado prisioneros sin orden judicial, sino por haberlo hecho “de manera deficiente”, es decir, por dejar testigos con vida.
Von Kotsch puso a Livraga en contacto con Rodolfo Walsh. El periodista y escritor, que en 1956 se autodefinía antiperonista y recién en los años setenta se sumaría a Montoneros, se topó con la pista casi por casualidad, cuando un conocido le lanzó en un bar la frase que lo cambiaría todo: “Hay un fusilado que vive”.
Walsh llevó la denuncia a la editorial Hachette, donde trabajaba su compañera, la periodista española Enriqueta Muñiz, entonces de 22 años. Juntos reconstruyeron los hechos en un libro pionero del género de no ficción: Operación Masacre.
Walsh tenía además un informante dentro de la propia policía de Fernández Suárez: el mismo Doglia, que le permitió revelar tanto los fusilamientos como las torturas que se practicaban en las comisarías a cargo del jefe policial.
Livraga también acudió a la Justicia, pero su denuncia fue remitida al fuero militar y no prosperó: el 24 de abril de 1957 la Corte Suprema falló que el expediente debía pasar a esa jurisdicción, y los responsables fueron absueltos. Walsh lo resumió con una frase que se volvió cita obligada: ese fallo “dejó para siempre impune la masacre de José León Suárez”. Fernández Suárez nunca tuvo que rendir cuentas ante la Justicia civil. Murió en 2001.
Setenta años de espera por José León Suárez: el camino hacia el juicio
La causa judicial que llegó a juicio en junio de 2026 tiene su propio recorrido. La denuncia formal ingresó a la Justicia Federal de San Martín en 2022, con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, tomando como antecedente directo otro proceso: el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, que el 19 de mayo de ese mismo año había logrado que el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Chaco, reconociera como crimen de lesa humanidad ,en el marco de un genocidio contra los pueblos indígenas, el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit, casi un siglo después de los hechos.
Para los familiares de José León Suárez, Napalpí demostró que la Justicia argentina podía pronunciarse sobre crímenes sin imputados con vida.
Entre la instrucción y la elevación a juicio pasaron cuatro años: el abogado querellante Alberto “Pepe” Palacios lo definió como “un recorrido aceptable” para una causa de lesa humanidad de estas características.
Parte de la demora se explica porque el fiscal a cargo de evaluar la prueba, Paul Starc, se desempeñó en el Poder Ejecutivo nacional durante 2024 y 2025 sin que se designara reemplazante, lo que frenó el expediente hasta su regreso al cargo.
Cuando finalmente emitió su dictamen, Starc desaconsejó el juicio, alegando que “ya habían existido homenajes y recordatorios suficientes”. La jueza Alicia Vence, con una trayectoria que incluye años como secretaria en el juzgado de Claudio Bonadío y que hoy tiene a su cargo la megacausa Campo de Mayo, resolvió avanzar de todos modos.
En 2024 apareció además un hallazgo documental significativo: papeles atribuidos al almirante Isaac Rojas, encontrados en un inmueble del barrio porteño de La Boca que hoy funciona como Museo de la Armada.
Las audiencias se concentraron en tres jornadas, el 17, 18 y 19 de junio de 2026, al cumplirse siete décadas de los fusilamientos, en el auditorio municipal Hugo del Carril de San Martín, a metros de los antiguos basurales donde ocurrió la masacre.
Pasaron por el estrado familiares, investigadores y especialistas que aportaron documentación para reconstruir el caso.
Las voces de las familias
La apertura del juicio, el miércoles 17, tuvo un peso simbólico particular: el primer testimonio fue el de Livraga, “el fusilado que vive”, quien, a sus 94 años, los había cumplido apenas tres días antes, envió su relato por escrito desde California, donde reside.
La jueza Vence lo leyó personalmente ante el tribunal. En ese texto, Livraga describió la masacre con un detalle desgarrador: “Siento un disparo pasar por mi nariz, otro más en mi nariz y cara, duermo, abro los ojos, dolor siento en mi cara”.
Contó también cómo lo trasladaron en un jeep hasta el hospital: “a menos de una yarda ven la van que nos trajo, gente tirada, el ayudante va y viene con el informe: ‘muertos, nada más'”, y cómo, ya en la enfermería, pudo identificarse y lograr que avisaran a su padre.
Después llegaron los testimonios de los hijos e hijas de las víctimas fatales. Alicia Rodríguez, hija de Vicente Rodríguez, tenía diez años cuando su madre, embarazada de cinco meses, se enteró de la muerte de su marido: “Se puso a llorar. Gritó, gritó y gritó. Ese momento feo lo tengo grabado para toda la vida”, relató. Esa misma noche se olvidaron a su hermano menor, de seis años, en la comisaría donde les habían dado la noticia. Su madre perdió el embarazo. El miedo fue tan profundo que impuso silencio sobre lo ocurrido durante décadas. Hoy, a los 81 años, Rodríguez asegura que hablar es sanador y se mostró orgullosa de declarar por primera vez.
Delia Garibotti no pudo olvidar la última imagen de su padre, Francisco: “Lo vi a mi papá en el cajón. Tenía un tiro en el corazón”.
Berta Carranza, en cambio, no guarda recuerdos directos de su padre, Nicolás, porque tenía solo dos años cuando lo mataron, pero sí de las dificultades que atravesó su familia después y de una herida que sigue abierta.
Contó además que, mientras Fernández Suárez aún vivía, la familia había intentado iniciar un juicio en La Plata y no pudo. “Quiero que se haga justicia. Que, a pesar de que no estén los asesinos, esto se conozca, que sean declarados crímenes de lesa humanidad”, pidió ante el tribunal.
El último familiar en declarar, el viernes 19, fue Daniel Brión, hijo de Mario Brión y escritor, autor del libro El Presidente Duerme, ya en su sexta edición, fruto de su propia investigación sobre los hechos. Brión, de 74 años, fue también quien con más detalle reconstruyó el itinerario de esa noche: el traslado fallido al Liceo Militar, el sargento que se negó a dejarlos pasar, el desvío final hacia los basurales.
Y fue crítico con la obra fundacional de Walsh: “Está muy incompleta, además no le da un sentido político al asunto, para él eran unos perejiles que se habían juntado a realizar juegos de mesa”, dijo, y aclaró que su padre y sus compañeros “eran militantes peronistas y estaban cumpliendo una misión para que Juan Domingo Perón vuelva a ser el presidente de Argentina”.
Señaló también una distinción que para él es central: Walsh habla de “fusilamiento”, pero como todavía no regía la Ley Marcial cuando los mataron, en rigor fueron asesinatos, y por lo tanto crímenes de lesa humanidad. “Cuando leí ese libro me sentí muy mal, por eso me propuse realizar mi propia investigación”, concluyó.
Walsh, Muñiz y las tensiones sobre la memoria del caso
Si algo atravesó las tres audiencias fue una relectura crítica de Operación Masacre, el texto que sacó el caso del olvido pero que, setenta años después, sus protagonistas y sus descendientes discuten en sus matices.
Por videollamada declaró Marike Muñiz, sobrina de Enriqueta Muñiz, radicada hoy en Salta, quien compartió detalles de la relación de trabajo entre su tía y Walsh y exhibió en pantalla una recopilación de un manuscrito de la autora.
El reclamo de fondo, que circuló en distintas voces durante el juicio, es el de restituirle a Muñiz un lugar de coautoría que la historia oficial del libro no le reconoció: como sintetizó el abogado de derechos humanos Pablo Llonto en una entrevista posterior, “hoy lo justo sería que la portada de Operación Masacre pusiera a Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz; ella fue la periodista que investigó a la par y falleció sin el reconocimiento adecuado por esa tarea”.
También declaró Eduardo Anguita, periodista, escritor y detenido durante la última dictadura, creador del documental Patriotas sobre la masacre, que se proyectó parcialmente durante el juicio. Anguita pidió analizar la investigación de Walsh con perspectiva histórica: “Él era un nacionalista de derecha y Enriqueta Muñiz era de España”, remarcó, subrayando que ambos llegaron al caso desde lugares ideológicos bien distintos al de las víctimas que retrataron.
Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y querellante en la causa por el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955, insistió en la necesidad de leer la masacre dentro de su contexto histórico: “Porque si no, no se entiende por qué los asesinaron”, dijo.
El antropólogo forense Alejandro Inchaurregui, director del Registro Provincial de Personas Desaparecidas, separado de su cargo durante la gestión de María Eugenia Vidal por su intervención como perito en la causa Santiago Maldonado, completó el cuadro técnico del caso al detallar el rol de Doglia y de Rodríguez Moreno dentro del aparato policial de la época.
Un juicio sin acusados con vida
A setenta años de los hechos, todos los responsables directos están muertos. Por eso este proceso, el primero en el fuero federal por los sucesos del 9 y 10 de junio de 1956, no puede terminar en condenas penales individuales: busca, en cambio, una verdad judicial y una reparación histórica para las familias, además del reconocimiento formal de que lo ocurrido constituyó un crimen de lesa humanidad, imprescriptible según el derecho internacional.
“El derecho internacional tipifica muy claramente que la eliminación de opositores políticos constituye un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”, planteó Palacios en su alegato inicial, y agregó: “La verdadera reparación para familiares y deudos de las víctimas es el proceso judicial”.
La causa estuvo acompañada, a lo largo de las audiencias, por buena parte de la dirigencia política y social de San Martín: el intendente Fernando Moreira, el ministro provincial de Infraestructura Gabriel Katopodis, habitual presencia en otros actos de memoria, como la misa por el padre Carlos Mugica o el aniversario de la masacre de los curas palotinos, el diputado provincial Rubén Eslaiman, el vicepresidente del PJ local Lauro Grande, el exdiputado nacional Leonardo Grosso y el abogado querellante en causas de lesa humanidad Pablo Llonto, entre otros.
En las primeras filas, en silencio, asentían los integrantes de las familias Rodríguez, Garibotti, Carranza, Brión y Lizaso, junto a descendientes de sobrevivientes como Reinaldo Benavídez. Más atrás, escuchaba un nutrido grupo de estudiantes secundarios de escuelas de la zona.
Matías Moreno, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, definió el proceso como “un hecho reparador” y subrayó el valor de que, “después de tantos años, setenta, una jueza federal haya estudiado los hechos”. Para Moreno, la masacre representa además un punto de inflexión: el inicio de una forma de disciplinamiento estatal hacia los sectores populares a través de la violencia política, que con el correr de las décadas mutaría, dijo, hacia otras formas, “con procesamientos judiciales y la complicidad de los grandes medios de comunicación”.
La sentencia, en suspenso
La última audiencia se realizó el viernes 19 de junio. Estaba previsto que el veredicto se conociera ese mismo día, pero la extensión de los testimonios a lo largo de tres jornadas, llevó a la jueza Vence a postergar la lectura del fallo hasta el lunes 22 de junio, esta vez de forma presencial, otra vez en el auditorio Hugo del Carril.
La decisión generó cierto malestar entre querellantes y dirigentes presentes, que habían imaginado el cierre del proceso como un cierre colectivo y festejado en el mismo momento de las audiencias.
Sea cual sea el contenido del fallo, el juicio por la Masacre de José León Suárez ya cumplió una función que sus impulsores reclamaban desde hace décadas: sacó del expediente militar de 1957 que había mandado todo al olvido, una historia que Rodolfo Walsh y Enriqueta Muñiz rescataron con su trabajo periodístico, y que sus protagonistas, sus hijos y sus nietos no dejaron de disputar, completar y corregir hasta volver a ponerla, setenta años después, frente a un tribunal de la democracia argentina.
