Durante una audiencia realizada esta semana, la defensa de Konstantin Rudnev solicitó suspender el traslado previsto para una evaluación del Cuerpo Médico Forense.
El abogado defensor Martín Sarubbi sostuvo que el ciudadano ruso atraviesa un delicado postoperatorio y advirtió que cualquier desplazamiento podría agravar su estado de salud. La fiscalía rechazó el planteo y sostuvo que el examen médico ordenado por la Cámara Federal de Casación debe realizarse sin más demoras
El planteo fue formulado por Sarubbi, quien remarcó que Rudnev continúa recuperándose de una cirugía compleja y que aún permanece bajo indicación médica de reposo. Según explicó, la intervención quirúrgica fue practicada recientemente y el período de recuperación indicado por los especialistas se extiende durante cuarenta y cinco días.
Durante la audiencia, Sarubbi solicitó que se escuchara el testimonio de distintos profesionales médicos que examinaron al ciudadano ruso en los últimos días. Entre ellos mencionó a especialistas que elaboraron informes sobre la evolución del cuadro clínico posterior a la operación y sobre los riesgos que implicaría un traslado en las condiciones actuales.
La defensa remarcó que el cuadro médico presenta dificultades que exceden una recuperación quirúrgica convencional. Según señaló el abogado, uno de los informes incorporados recientemente describe complicaciones postoperatorias y una evolución que exige controles permanentes y condiciones adecuadas de recuperación.
“Lo que estoy planteando es una cuestión casi humanitaria”, sostuvo Sarubbi durante la audiencia. El abogado afirmó además que interrumpir el período de recuperación prescripto por los médicos podría derivar en consecuencias negativas para la salud del imputado. A su criterio, cualquier evaluación médica integral debería realizarse una vez que exista alta médica definitiva.
La fiscalía, representada por Tomás Labal, rechazó el pedido de suspensión. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la Cámara de Casación ordenó expresamente la realización de una evaluación interdisciplinaria del estado de salud de Rudnev y consideró que no existen impedimentos para avanzar con ese procedimiento.
Según planteó Labal, incluso si existieran limitaciones para el traslado, el propio Cuerpo Médico Forense podría eventualmente concurrir al domicilio donde el imputado cumple actualmente prisión domiciliaria. Para la fiscalía, lo relevante es que el examen se realice cuanto antes, de modo de contar con un diagnóstico oficial e independiente.
La discusión giró además en torno al alcance de las recomendaciones médicas emitidas por los profesionales que participaron de la cirugía. Mientras la defensa interpretó que existe una necesidad de reposo estricto y de evitar traslados, la fiscalía señaló que las constancias médicas hacen referencia principalmente a evitar esfuerzos físicos y desplazamientos prolongados.
La salud de Rudnev en el centro del debate
En paralelo al debate jurídico, el entorno de Rudnev volvió a cuestionar con dureza la actuación de la fiscalía en relación con su estado de salud. Personas cercanas al ciudadano ruso sostienen que durante su permanencia en prisión existieron demoras en estudios, consultas y tratamientos médicos que habrían contribuido al deterioro físico que presenta actualmente.
Según esa postura, distintos especialistas advirtieron en reiteradas oportunidades sobre la necesidad de controles médicos específicos y sobre la gravedad de algunas patologías diagnosticadas. Señalan, asimismo, que la pérdida de peso registrada durante el período de detención y las complicaciones que derivaron en la intervención quirúrgica deberían ser valoradas especialmente por los tribunales.
Desde ese entorno sostienen además que el juez federal Gustavo Javier Zapata actuó con criterio humanitario al conceder la prisión domiciliaria por razones médicas. Recuerdan que aquella resolución estuvo respaldada por informes clínicos que describían un deterioro significativo de la salud del imputado, junto con recomendaciones expresas de recuperación fuera del ámbito penitenciario.
“Lo que estoy planteando es una cuestión casi humanitaria”, sostuvo Martín Sarubbi, el abogado de Rudnev, durante la audiencia.
Las críticas más severas apuntan contra la fiscalía federal de Bariloche. Allegados a Rudnev afirman que existe una actitud de permanente oposición a las medidas vinculadas con su atención médica y consideran que la insistencia en acelerar determinadas decisiones resulta difícil de explicar frente a los informes elaborados por especialistas.
Uno de los episodios mencionados por ese entorno refiere a discusiones anteriores sobre exámenes médicos y estudios complementarios. Según sostienen, en distintas oportunidades los profesionales de la salud recomendaron evaluaciones específicas que luego fueron objeto de controversias procesales. Para quienes acompañan al imputado, estas situaciones generan dudas sobre la objetividad con que se analizan los aspectos sanitarios de la causa.
Durante la audiencia, Sarubbi recordó también las condiciones en que Rudnev fue trasladado anteriormente desde Rawson hacia la provincia de Buenos Aires. El abogado afirmó que se trató de un viaje de más de veinte horas, realizado cuando el estado de salud de su defendido ya era delicado. “Pregúntenle al señor Rudnev en qué condiciones fue trasladado”, expresó en uno de los pasajes más tensos del debate.
Por el momento no hubo una decisión definitiva sobre el planteo formulado por la defensa. Lo que sí quedó en claro durante la audiencia es que la cuestión médica se transformó en uno de los principales ejes de la causa.
Mientras la fiscalía insiste en avanzar con las evaluaciones ordenadas por Casación, la defensa sostiene que cualquier medida deberá contemplar prioritariamente la recuperación postoperatoria y los riesgos que podría implicar un nuevo traslado. Por eso, la evolución de la salud de Rudnev, las conclusiones que eventualmente arroje el Cuerpo Médico Forense y las futuras decisiones judiciales aparecen ahora como factores determinantes.
Desde el entorno de Rudnev sostienen que lo ocurrido excede el terreno de un simple desacuerdo procesal. “Esto ya no es simplemente un error procesal. Es una cadena de acciones deliberadas dirigidas a dañar la salud y el bienestar de una persona cuya culpabilidad no ha sido probada”, afirman quienes acompañan al ciudadano ruso. Y advierten que, de aquí en más, cada paso del proceso será observado de cerca: “Cualquier intento adicional de influir en los médicos, presionar a las comisiones médicas o continuar con la línea de destrucción de la salud será registrado y recibirá una evaluación jurídica y pública”.
