Se trata de Diego José Álvarez, ex jefe de la Comisaría 7ª de Rosario y absuelto en la causa por la muerte de Franco Casco. En una presentación ante la Procuración General de la Nación, acusa al fiscal Fernando Arrigo y al fiscal Marcelo De Giovani de ocultar pruebas y manipular testimonios para sostener la hipótesis de una desaparición forzada que, según el denunciante, las cuatro autopsias realizadas al joven contradicen.
El comisario retirado Diego José Álvarez presentó una denuncia formal ante el procurador general de la Nación contra el fiscal Fernando Arrigo y el fiscal Marcelo De Giovani, a quienes acusa de “mal desempeño” en el trámite de la causa por la muerte de Franco Casco, ocurrida en Rosario en octubre de 2014. El escrito, patrocinado por los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, reclama la apertura de un sumario administrativo disciplinario y pide evaluar la eventual comisión de delitos por parte de los funcionarios denunciados.
La causa, identificada como Legajo FRO 22074/2014/TO2, investigó la desaparición forzada y muerte de Casco, quien había sido detenido el 7 de octubre de 2014 por la Comisaría 7ª de Rosario por resistencia a la autoridad y liberado esa misma noche. Días después, su cuerpo fue hallado en el río Paraná. En julio de 2023, tras más de un año y medio de juicio oral, el Tribunal Oral Federal Nº 2 absolvió a los 19 policías y al vecino acusados, aunque esa decisión fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal a partir de un recurso impulsado por la fiscalía y las querellas.
En ese marco, Álvarez ,quien fue uno de los imputados absueltos, sostiene que la actuación del Ministerio Público Fiscal estuvo “viciada” por el ocultamiento de pruebas favorables a los policías y por la introducción de afirmaciones que, según su denuncia, contradicen lo efectivamente probado durante el debate oral.
Las cuatro autopsias y la pericia que la fiscalía privilegió por sobre el resto
Uno de los puntos más fuertes del escrito apunta a la evidencia médica. La denuncia recuerda que se realizaron cuatro autopsias sobre el cuerpo de Casco, todas coincidentes en que no existían lesiones de origen traumático, con un diagnóstico orientativo de asfixia mecánica por sumersión. Según la presentación, el médico forense Raúl Rodríguez habría descartado torturas “porque no tengo los elementos objetivos”, mientras que la histopatóloga Adriana D’Addario detectó marcadores de asfixia por sumersión en el tejido pulmonar analizado.
La denuncia remarca que el fiscal Arrigo sostuvo su recurso casi exclusivamente en la pericia de la perito de parte Virginia Creimer, dejando de lado las conclusiones coincidentes del resto del cuerpo médico forense. Según el escrito, Creimer habría reconocido durante su propio testimonio que únicamente “hablaba de generalidades” al referirse a supuestos signos de tortura, sin haber constatado personalmente esas lesiones.
En diálogo sobre la causa, con Noticias Argentinas, el abogado penalista Rodrigo Mazzuchini, defensor de Álvarez, fue categórico respecto del origen de la muerte de Casco: “Franco Casco murió ahogado en la costa, en la ribera de Rosario, murió en el río Paraná”, sostuvo, y agregó que ese diagnóstico surge de la propia perito del cuerpo forense de la Corte Suprema, la doctora Dadario, quien “encontró signos de ahogamiento”. Según el letrado, las distintas juntas médicas que se realizaron “descartaron la muerte violenta” y, aunque no llegaron a una conclusión definitiva por la imposibilidad de hacer el estudio de diatomeas, “se acerca muchísimo a una muerte por ahogamiento”. Para Mazzuchini, en la causa “no hay ninguna prueba objetiva que hable de una muerte violenta”.
Otro eje central de la presentación es el tratamiento que el fiscal le dio a la prueba testimonial. Álvarez sostiene que, de 33 testimonios rendidos durante el juicio, 17 resultaron desincriminantes para el personal policial, pero que la acusación construyó su hipótesis casi exclusivamente sobre los dichos del detenido Pablo Arguello, “invisibilizando” al resto de los declarantes que negaron los hechos imputados.
Las contradicciones sobre el testigo clave Arguello y los beneficios que habría recibido
Sobre Arguello, la denuncia señala contradicciones que, a su entender, resultan determinantes. Según los registros del Libro Memorándum de Guardia, el testigo se encontraba alojado en un sector distinto al que él mismo ubicó en su relato, separado por paredes que impedirían la visión directa hacia el lugar donde supuestamente estuvo Casco. El escrito también recuerda que Arguello, al ser consultado en el debate sobre eventuales beneficios a cambio de su declaración, respondió textualmente que “no me prometieron, me cumplieron”.
La presentación dedica un capítulo extenso a lo que define como cambios sucesivos en la teoría del caso por parte de la fiscalía. Según detalla, la acusación sostuvo primero que Casco fue detenido a las 21.32 horas del 6 de octubre cerca de la estación Rosario Norte; luego, en el alegato final, ubicó la detención en una franja horaria más amplia y sin precisar el lugar; y finalmente, ante la Cámara de Casación, introdujo una tercera hipótesis basada en una comunicación radial registrada en la zona de Santa Fe y Avellaneda. Para Álvarez, estas “tres versiones incompatibles entre sí” reflejan la ausencia de pruebas que sostengan la imputación original.
Mazzuchini fue especialmente duro al evaluar el desempeño del fiscal en ese tramo del proceso: “Es la primera vez que veo un fiscal tan embanderado en una causa, pero tan embanderado al límite de deslizar mentiras como hizo en un escrito jurídico firmado”, afirmó. Según el penalista, esas inexactitudes quedaron documentadas en la presentación ante la Procuración: “Contrastamos sus dichos con los vídeos del juicio, donde los testigos no dicen lo que él transcribe y le muestra a la Cámara de Casación Penal”, señaló, y calificó esa contradicción como “incontrovertible”.
El denunciante también apunta contra el uso que el fiscal hizo del Libro Memorándum de Guardia, al que calificó como prueba válida cuando le resultaba favorable y como un registro de dudosa fiabilidad cuando lo contradecía, sin haber promovido en ningún momento una acción formal por falsedad ideológica contra ese documento.
Los videos ocultos y la prueba documental que la defensa dice haber recuperado por azar
Entre los elementos que, según la denuncia, fueron omitidos o minimizados por la fiscalía se cuentan varios videos que mostrarían a Casco caminando por la vía pública horas después de su liberación, con pericias que habrían confirmado su identidad en esas imágenes. El escrito agrega que esos registros permanecieron “ocultos” en la secretaría de la Fiscalía Federal Nº1 hasta que el propio Tribunal Oral los dio a conocer en diciembre de 2021, generando repercusión en medios nacionales.
La denuncia también describe una serie de episodios vinculados a la desaparición temporal de prueba documental durante la instrucción: un informe sobre mejoramiento de imágenes de cámaras de seguridad que habría permanecido extraviado durante años pese a múltiples pedidos de la defensa, y una pericia odontológica de la Universidad Nacional de Rosario que, según el escrito, quedó oculta durante meses hasta que un medio local difundió su existencia.
Sobre el estado procesal de la causa, Mazzuchini explicó que, tras la anulación de las absoluciones por parte de Casación, ningún tribunal de primera instancia avanzó hasta el momento con una nueva resolución. “Sabemos que la Corte de Casación fue engañada por el doctor Arrigo, me animo a decirlo con total tranquilidad porque conozco la causa desde sus primeros inicios”, sostuvo, y agregó que, a su entender, los jueces de primera instancia le responderán a Casación que “si usted considera que aquí hay un delito, fírmelo usted, pero no me mande a mí a hacer un trabajo sucio”. El abogado concluyó remarcando la situación de su defendido: “Desde el punto de vista de la prueba objetiva médica, fílmica, desde el punto de vista de las antenas telefónicas queda clarísimo que mi defendido Diego José Álvarez no tuvo ninguna relación con el hecho”.
Por todo esto, el comisario Diego Álvarez en declaraciones a Noticias Argentinas sostuvo: “Arrigo logró que el Tribunal de Casación anule, en principio, una resolución absolutoria mintiendo sobre la prueba. Es decir, indujo a estos jueces a dictar una resolución contraria a la prueba fáctica rendida en juicio. Y lo hizo a sabiendas, no por desconocimiento o error”.
Otro de los señalamientos del comisario refiere a la declaración del entonces fiscal de Flagrancia de la provincia, Álvaro Campos ,hoy juez,, quien habría confirmado por escrito que convalidó el procedimiento policial y la liberación de Casco la noche del 7 de octubre. Para Álvarez, esa declaración fue ignorada por Arrigo al momento de fundamentar su recurso ante Casación.
El escrito incluye además referencias a las condiciones de detención de los internos que declararon contra el personal policial, a quienes la fiscalía describió en su recurso como sometidos a “hacinamiento” y “prácticas policiales violentas”. La denuncia rechaza esa caracterización y sostiene que no existían antecedentes judiciales ni administrativos contra el personal de la Comisaría 7ª por hechos de violencia previos al caso.
Como parte de la prueba ofrecida, Álvarez acompañó un video con fragmentos del alegato del fiscal Arrigo durante el juicio, notas periodísticas sobre la actuación de la perito Creimer en otras causas judiciales, planos de la dependencia policial y copias de actuaciones del expediente principal.
En el petitorio, la denuncia solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario en los términos de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, el apartamiento preventivo de los fiscales denunciados de la causa y la eventual intervención de la justicia penal por la presunta comisión de delitos contemplados en los artículos 292 y 271 del Código Penal, vinculados a la falsedad de instrumentos públicos.
La presentación, que aún no tuvo respuesta oficial de la Procuración General de la Nación, se suma a otras dos denuncias previas impulsadas por la misma defensa: una por falso testimonio agravado contra detenidos que declararon contra el personal policial, y otra por calumnias e injurias contra uno de los testigos clave del caso. El expediente principal, mientras tanto, sigue en trámite ante la Corte tras los recursos de Casación y el Recurso Extraordinario Federal interpuestos contra el fallo que anuló las absoluciones dictadas en 2023.
