El juez federal Leandro Gómez Constenla desestimó el pedido para que Elena Makarova, señalada como presunta víctima, vuelva a declarar bajo la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba. La mujer ya testimonió en tres ocasiones, una de ellas en Cámara Gesell, y sostiene que Konstantin Rudnev no cometió ningún delito en su contra.
La investigación por presunta trata internacional de personas contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev enfrenta nuevos cuestionamientos por la resistencia de la Fiscalía a recibir anticipadamente una declaración ampliatoria de la mujer identificada como víctima, quien sostiene que nunca fue explotada ni sufrió delito alguno por parte del acusado.
El juez federal de garantías Leandro Gómez Constenla rechazó el pedido para que Elena Makarova vuelva a declarar bajo la modalidad de anticipo jurisdiccional de prueba, en una decisión que reavivó las críticas de la defensa sobre la consistencia de la acusación.
El dato más controvertido es que Makarova ya declaró tres veces en el expediente de la Causa Rudnev, incluida una entrevista en Cámara Gesell, y manifestó reiteradamente que no se considera víctima de trata.
Lejos de aceptar la hipótesis de la investigación, la ciudadana rusa expresó su voluntad de aportar nuevos elementos y cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal.
Su posición plantea un interrogante central para la causa: ¿qué peso le otorgan los investigadores al testimonio de la propia mujer a la que consideran damnificada?
La nueva solicitud fue presentada por los abogados de Makarova, René Luis Chicchi Herrera y Sebastián Perazzolli, quienes sostuvieron que su representada desea ampliar su declaración y aportar información que considera fundamental para esclarecer los hechos. Los letrados explicaron que la mujer reside actualmente en Rusia y que la distancia, el conflicto bélico con Ucrania y la falta de una fecha definida para el juicio justificaban preservar anticipadamente su testimonio. También destacaron su disconformidad con la actuación de la Fiscalía y su intención de ofrecer una versión más completa de lo sucedido.
Allegados a la presunta víctima fueron más allá de los cuestionamientos procesales y plantearon la existencia de indicios de que la causa podría haber sido armada.
Uno de los letrados también puso en discusión la verosimilitud de una investigación por trata internacional que, de acuerdo con su planteo, involucra a alrededor de veinte imputados y tiene a una sola mujer identificada como presunta víctima. Se trata de una crítica de la representación legal que exige examinar la prueba reunida por la Fiscalía, ya que la cantidad de víctimas identificadas no determina por sí sola la existencia o inexistencia del delito.
El abogado defensor de Rudnev, Martín Luis Sarubbi, respaldó el pedido de Makarova y cuestionó que pudiera invocarse un supuesto riesgo de revictimización para oponerse a una declaración solicitada voluntariamente por la propia mujer. Durante la audiencia sostuvo que las circunstancias habían cambiado respecto de presentaciones anteriores y que debía respetarse la voluntad de quien aparece identificada como damnificada. También rechazó que la comunicación permanente de Makarova con sus abogados pudiera interpretarse como un argumento contrario a su solicitud.
La posición de la defensa abre otro frente de cuestionamientos: si la mujer niega haber sido explotada y desea aportar información adicional, ¿por qué la Fiscalía se opone a que ese testimonio sea recibido ahora con valor de prueba anticipada? Para los abogados de Rudnev, la ampliación podría resultar decisiva para confrontar la hipótesis acusatoria. Sin embargo, la controversia no gira formalmente alrededor de una prohibición de declarar, sino de la modalidad procesal solicitada y de los requisitos legales para anticipar una prueba que normalmente debe producirse durante el juicio.
La Fiscalía, representada durante la audiencia del 22 de octubre por Gustavo Révora y Rodrigo Treviranus, se opuso al pedido y recordó que planteos similares ya habían sido rechazados en mayo y septiembre de 2025. Los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que no existían circunstancias nuevas que justificaran modificar aquellas decisiones y señalaron que Makarova mantiene comunicación fluida con sus abogados desde Rusia. También remarcaron que el conflicto bélico invocado ya existía cuando se realizaron las solicitudes anteriores.
El juez Gómez Constenla compartió los argumentos centrales de esa oposición y rechazó el anticipo jurisdiccional de prueba por considerar que no se cumplían los requisitos del artículo 262 del Código Procesal Penal Federal. Según explicó, esta herramienta excepcional está destinada a preservar testimonios que probablemente no puedan recibirse durante el juicio. Para el magistrado, la residencia de Makarova en Rusia y las dificultades de traslado no acreditan ese riesgo, especialmente porque podría declarar por videoconferencia sin necesidad de viajar a la Argentina.
La decisión también provocó cuestionamientos en el entorno familiar del imputado. Tamara Saburova, esposa de Rudnev, planteó interrogantes sobre una posible connivencia entre el juez y los fiscales, según la posición que se le atribuye.
Uno de los aspectos más sensibles de la resolución es que el propio magistrado reconoció expresamente que Makarova tiene derecho a volver a declarar y a incorporar nueva información al expediente. “Puede hacerlo, y nada de lo que aquí se resuelva lo impide”, afirmó Gómez Constenla al explicar que únicamente rechazaba la modalidad de prueba anticipada. La aclaración resulta relevante porque la Justicia no prohibió una nueva declaración de la mujer, aunque tampoco accedió a recibirla bajo las condiciones solicitadas por sus representantes.
El juez justificó además su decisión en la complejidad de una investigación que involucra a más de veinte personas imputadas y un importante volumen de evidencia digital todavía pendiente de procesamiento y traducción.
Sostuvo que adelantar una declaración con elementos nuevos podría afectar el derecho de las defensas a interrogar a los testigos con conocimiento de toda la prueba. Pero ese mismo argumento deja planteada otra cuestión: cuánto tiempo más demandará completar la investigación y cuándo podrá confrontarse integralmente la acusación con el testimonio de la mujer identificada como víctima.
La defensa de Rudnev sostiene que la hipótesis fiscal se está debilitando y que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación, una interpretación que todavía no ha sido establecida por una resolución judicial definitiva. Sus cuestionamientos apuntan especialmente a la relación entre los imputados, la supuesta existencia de una organización dedicada a la trata internacional y las declaraciones de Makarova.
El origen de la Causa Rudnev
La investigación se inició en marzo de 2025, por lo que lleva más de un año y medio en trámite, mientras continúa abierta la discusión sobre la consistencia de los elementos reunidos por el Ministerio Público Fiscal.
El caso también genera interrogantes sobre el papel del fiscal federal Fernando Arrigo, cuya actuación fue cuestionada por la defensa y por publicaciones internacionales dedicadas a analizar el expediente.
Entre las críticas figuran la interpretación de los testimonios, la prolongación de las medidas cautelares y el tratamiento de la mujer identificada como damnificada. La defensa considera que esos aspectos merecen una revisión rigurosa, mientras que cualquier conclusión sobre presuntas irregularidades funcionales requiere pruebas y decisiones de los organismos competentes.
La controversia adquiere una dimensión adicional porque los delitos investigados contemplan penas de entre cuatro y quince años de prisión, según destacó el propio juez en su resolución. La gravedad de la imputación exige investigar exhaustivamente cualquier indicio de explotación, pero también obliga a garantizar que las pruebas de cargo y de descargo sean examinadas con el mismo rigor.
La negativa de Makarova a reconocerse como víctima no clausura automáticamente una investigación por trata, aunque tampoco debería sustituirse el análisis de sus declaraciones por presunciones no corroboradas.
Con la nueva solicitud rechazada, la causa Rudnev continúa sin una definición sobre el fondo de la acusación y con la presunta víctima reclamando que se escuche nuevamente su versión. El juez dejó abierta la posibilidad de recibir otra declaración por las vías ordinarias e incluso de revisar la cuestión si aparecen circunstancias nuevas que justifiquen un anticipo.
Mientras tanto, la Fiscalía enfrenta el desafío de demostrar con pruebas concretas la hipótesis de trata internacional que sostiene, y la defensa insiste en que las contradicciones denunciadas deben ser examinadas antes de que el expediente avance hacia un eventual juicio.
