Naciones Unidas mantiene sus cuestionamientos a la reforma de la propiedad privada por el riesgo de desalojos y pérdida de tierras campesinas

Naciones Unidas

Cuatro mecanismos de Naciones Unidas advirtieron que los cambios impulsados por el Gobierno argentino pueden afectar a comunidades rurales, indígenas y productores familiares. Aunque el Senado retiró algunos artículos del proyecto, los organismos internacionales sostuvieron que persisten los riesgos vinculados a los desalojos y las expropiaciones. El planteo ante la ONU, que había sido presentado por el CELS y la Mesa Agroalimentaria Argentina, también advierte por el tema alimentos.

La reforma del régimen de propiedad privada impulsada por el Gobierno nacional volvió a quedar bajo cuestionamiento internacional. Cuatro mecanismos especiales de Naciones Unidas advirtieron que las modificaciones legislativas pueden profundizar la concentración de la tierra, debilitar la protección de las comunidades campesinas e indígenas y poner en riesgo la producción de alimentos de la agricultura familiar.

Aunque durante el tratamiento parlamentario se retiraron algunos de los artículos más controvertidos, los organismos señalaron que siguen vigentes las preocupaciones por los procedimientos de desalojo y expropiación.

La advertencia está contenida en una comunicación enviada al Estado argentino el 9 de septiembre de 2026, a partir de una presentación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Mesa Agroalimentaria Argentina y otras organizaciones.

El documento sostiene que las reformas sobre la propiedad de la tierra deben analizarse en relación con el derecho a la alimentación, la vivienda y los medios de subsistencia de quienes viven y producen en los territorios rurales.

Las observaciones de la ONU llevan las firmas de Sofía Monsalve Suárez, relatora especial sobre el derecho a la alimentación; Koldo Casla, relator especial sobre vivienda adecuada; Shalmali Guttal, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, y Elena Carolina Díaz Galán, relatora especial sobre extrema pobreza y derechos humanos.

Los cambios que encendieron las alarmas en Naciones Unidas

El antecedente directo de la comunicación fue una presentación que el CELS y la Mesa Agroalimentaria Argentina enviaron el 21 de mayo de 2026 a la relatoría especial sobre el derecho a la alimentación.

Allí cuestionaron el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, por las modificaciones que proponía sobre la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y el régimen de expropiaciones.

Las organizaciones advertían que la iniciativa podía debilitar las herramientas estatales para regularizar la tenencia de la tierra, limitar la concentración de la propiedad y garantizar el acceso de las comunidades rurales a los territorios que habitan y trabajan.

Uno de los puntos más cuestionados era la modificación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establece límites a la propiedad y posesión de tierras por parte de personas y entidades extranjeras.

Según la presentación ante la ONU, la propuesta original eliminaba restricciones para la adquisición de tierras, salvo cuando las operaciones representaran un riesgo para la defensa o la seguridad nacional. También suprimía limitaciones para comprar inmuebles que contengan o sean ribereños de grandes cuerpos de agua permanentes y el tope de 1.000 hectáreas en zonas de producción de alimentos.

Para el CELS y las organizaciones campesinas, esas modificaciones podían favorecer la concentración de tierras en grandes capitales y aumentar la presión sobre las comunidades que no cuentan con títulos formales de propiedad, aunque habitan y producen en esos territorios desde hace generaciones.

La situación de los productores familiares

La presentación también aportó datos sobre las condiciones de producción y tenencia de la tierra. En la zona núcleo agropecuaria argentina, el 80 por ciento de la superficie se trabaja bajo arrendamiento, mientras que entre el 60 y el 70 por ciento de los productores de la agricultura familiar son arrendatarios.

En ese contexto, las organizaciones sostuvieron que flexibilizar las condiciones de adquisición de tierras puede profundizar el desequilibrio entre quienes son propietarios y quienes efectivamente trabajan los campos y producen alimentos. El aumento del valor de la tierra y la inseguridad jurídica sobre su tenencia pueden traducirse en mayores dificultades para sostener las unidades productivas y en el desplazamiento de familias campesinas.

La presentación ante Naciones Unidas recuperó, además, antecedentes de la visita a Argentina realizada en 2018 por la entonces relatora especial sobre el derecho a la alimentación, Hilal Elver. En aquel informe se había advertido sobre la concentración de la propiedad rural y se había reclamado proteger y promover la agricultura familiar, que representa una parte sustancial de las explotaciones agropecuarias y tiene un papel central en la provisión de frutas y verduras para el mercado interno.

Otro de los cuestionamientos estaba dirigido a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto original eliminaba restricciones que impedían cambiar el uso del suelo durante 60 años después de incendios en determinadas áreas naturales y bosques, así como limitaciones a emprendimientos inmobiliarios y actividades agropecuarias durante 30 años en otras zonas afectadas. Para las organizaciones, esos cambios podían habilitar nuevos procesos de apropiación y explotación de territorios afectados por incendios.

El problema de los desalojos y las expropiaciones

La presentación del CELS y la Mesa Agroalimentaria ante Naciones Unidas también puso el foco en las modificaciones previstas para acelerar los procesos de desalojo. La iniciativa proponía cambios en el Código Procesal Civil y Comercial y en el Código Civil y Comercial para abreviar los procedimientos, una situación que, según las organizaciones, podía dificultar el acceso a la Justicia de miles de familias que cuentan con derechos de ocupación, pero todavía no tienen regularizada la titularidad de sus tierras.

En relación con las expropiaciones, el cuestionamiento apuntaba a las modificaciones de la Ley 21.499. La propuesta alteraba los criterios para declarar la utilidad pública de los inmuebles y eliminaba la obligación de demostrar que no existían alternativas menos lesivas para alcanzar el objetivo estatal. También introducía cambios en los mecanismos de cálculo de las indemnizaciones.

Para las entidades, esas modificaciones podían encarecer y dificultar las políticas públicas destinadas a regularizar la tenencia de la tierra, con consecuencias directas para las comunidades indígenas, las familias campesinas y los productores de la agricultura familiar.

La comunicación de Naciones Unidas recuperó parte de esas observaciones y señaló que el relator especial sobre vivienda adecuada ya había manifestado su preocupación por el proyecto. En particular, cuestionó que se establecieran procedimientos de desalojo extremadamente breves, sin una evaluación suficiente de proporcionalidad, y que se otorgara una protección desequilibrada a los propietarios en detrimento del interés general.

Los cambios parlamentarios no despejaron las preocupaciones

En su respuesta, los mecanismos de Naciones Unidas tomaron nota de que el 6 de agosto de 2026 el Senado retiró del proyecto tres disposiciones: las referidas a la modificación de la Ley de Tierras Rurales, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.

Sin embargo, aclararon que esas modificaciones no disiparon las preocupaciones sobre el resto de la iniciativa. En particular, señalaron que los procedimientos expeditivos de desalojo pueden afectar a personas y comunidades cuyos medios de vida y seguridad alimentaria dependen directamente del acceso continuado a la tierra.

El documento también vinculó el problema con el impacto de la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según las relatorías, los beneficios otorgados a inversiones de gran escala, combinados con la reducción del acompañamiento institucional a los pequeños productores, pueden agravar las desigualdades en el acceso a la tierra y los recursos naturales.

En esa línea, mencionaron el desmantelamiento del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), que antes de su reducción institucional brindaba asistencia técnica a unos 250.000 pequeños productores. La pérdida de esa capacidad territorial, advirtieron, puede afectar la continuidad de las economías rurales y la producción de alimentos para las comunidades locales.

El derecho a la alimentación como límite a las reformas

La advertencia desde Naciones Unidas no se restringió a la cuestión de la propiedad. Los organismos señalaron que la concentración de la tierra, la presión sobre los recursos naturales y el debilitamiento de la agricultura familiar pueden comprometer la disponibilidad de alimentos diversos y accesibles.

En ese sentido, recordaron que el derecho a la alimentación adecuada está protegido por instrumentos internacionales incorporados a la Constitución Nacional y que el Estado argentino tiene obligaciones concretas para garantizarlo. Entre ellas, evitar medidas regresivas injustificadas y demostrar que cualquier reducción de programas o estructuras esenciales resulta inevitable y cuenta con garantías para proteger a los sectores vulnerables.

Naciones Unidas

La presentación original del CELS y la Mesa Agroalimentaria había solicitado a Naciones Unidas que requiriera explicaciones al Gobierno argentino, recordara la obligación de no regresividad y promoviera un diálogo con las organizaciones sociales y los especialistas para revisar las modificaciones propuestas.

La comunicación de septiembre amplió ese planteo y volvió a poner en discusión el vínculo entre el régimen de propiedad, la permanencia de las comunidades en sus territorios y la soberanía alimentaria.

El señalamiento central es que la tierra no constituye solamente un activo económico: también es el soporte material de la producción de alimentos, de las economías regionales y de las condiciones de vida de miles de familias.


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