El abogado Manuel Luaces, especialista en derecho a la salud, explica el alcance del fallo “Bobbio c/ Swiss Medical” y qué pueden hacer los afiliados de prepagas que sufrieron aumentos desde diciembre de 2023. La Corte Suprema se tomó casi 3 años para resolver.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este jueves que los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 son inconstitucionales. Esas normas habían quitado al Estado la facultad de revisar y autorizar los aumentos de la medicina prepaga.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, establece que el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, debe retomar el control que le asigna la Ley 26.682 de Medicina Prepaga. La sentencia completa está disponible en el sitio del tribunal.
El caso: una cuota de prepaga que subió 110% en dos meses
El expediente lo inició María del Carmen Bobbio, afiliada a Swiss Medical. Su cuota pasó de $136.161,21 a $301.218,02 entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, un incremento del 110%. Según planteó, bajo el régimen anterior el aumento de enero de 2024 habría sido del 6,26%. El fallo entiende sobre un caso en particular, pero el tema alcanza a todas las prepagas.
Para Manuel Luaces, doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Bologna, la decisión tiene un peso particular: “Es un fallo muy importante porque confirma lo que venimos sosteniendo en cada amparo contra estos aumentos: el Poder Ejecutivo no podía, por decreto y sin justificar ninguna urgencia, desarmar el control sobre las cuotas de salud que el Congreso había establecido por ley”.
Los argumentos de la Corte Suprema
El tribunal recordó que el Poder Ejecutivo solo puede dictar normas de contenido legislativo en condiciones de rigurosa excepcionalidad: cuando el Congreso no puede reunirse o cuando la urgencia es tal que no admite el trámite normal de una ley. Para la Corte, los considerandos del DNU 70/2023 no contienen una mínima justificación de esas circunstancias.
Consideró genéricas e insuficientes las referencias a una “crisis del sistema de salud” y a la necesidad de “liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.
Los jueces de la Corte Suprema añadieron que el decreto ni siquiera explica qué vínculo hay entre la emergencia invocada y la eliminación de los controles. Subrayaron además que la exigencia de justificar era mayor porque el Ejecutivo estaba suprimiendo potestades propias.
Sobre ese punto, sostuvieron que la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente “entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
También aclararon que el trámite de revisión parlamentaria que sigue abierto, previsto en la Ley 26.122, no impide el control judicial.
La Corte rechazó, por último, que la causa hubiera perdido sentido (se hubiera vuelto abstracta), a raíz del acuerdo homologado en la causa que la Superintendencia de Servicios de Salud promovió contra OSDE y otras empresas de medicina prepagas.
Ese acuerdo dispuso la devolución de lo cobrado por encima del IPC entre enero y mayo de 2024, pero el tribunal entendió que abarca un período acotado y está lejos de satisfacer el reclamo.

“Mientras la Corte dice que el Estado tiene que controlar, la reglamentación vigente dice que las empresas fijan libremente sus precios”.
Manuel Luaces
Qué resolvió y qué no
Luaces, que además es Director de Legales de Reclamar Salud, pidió cautela sobre el alcance de la sentencia.
“Hay que ser precisos para no generar falsas expectativas. La Corte no fijó un tope automático por inflación. Dejó sin efecto la parte de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que limitaba los aumentos al IPC y le devolvió al Estado la obligación de revisar y autorizar cada aumento, que según la ley debe estar fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgos”, aseguró.
Además, dijo Luaces, formalmente “la sentencia resuelve el caso de esta afiliada y no deroga el decreto para todos. Pero fija un criterio claro que los jueces van a tener que considerar en los juicios en trámite y en los que se inicien”.
El abogado marcó también una contradicción que el fallo deja a la vista. La propia Corte advirtió que, tras el DNU, el decreto 102/2025 reformó la reglamentación de la ley para establecer que las prepagas “podrán establecer libremente los valores de las cuotas de los planes de salud”.
“Mientras la Corte dice que el Estado tiene que controlar, la reglamentación vigente dice que las empresas de prepagas fijan libremente sus precios. Esa contradicción la va a tener que resolver el Estado y, si no lo hace, la van a resolver los jueces en cada caso. Ahora la pelota está en la cancha de la Superintendencia”, sostuvo.
Qué pueden hacer los afiliados
Para quienes vieron aumentar su cuota desde diciembre de 2023, Luaces recomendó:
- Reunir las facturas y los comprobantes de pago desde fines de 2023 en adelante, que sirven de base para reconstruir la evolución de los aumentos.
- Presentar el reclamo por escrito ante la prepaga y ante la Superintendencia de Servicios de Salud, dejando constancia de cada aumento cuestionado.
- Si ya hay un amparo en trámite, asesorarse sobre cómo incide este precedente en la causa.
- En el caso de las personas mayores y de quienes viven de ingresos fijos, especialmente afectados por los aumentos, consultar con un abogado especialista en derecho a la salud para evaluar si corresponde iniciar una acción de amparo.
“Para muchos afiliados, sobre todo jubilados, estos aumentos pusieron en riesgo la continuidad de su cobertura de salud. Este fallo les da una herramienta concreta para reclamar. Lo importante es no resignarse: guardar los comprobantes y consultar a tiempo”, concluyó.
Sobre Manuel Luaces
Luaces es especialista en derecho a la salud, doctor en Ciencias Jurídicas y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Bologna.
Desde Reclamar Salud, como Director de Legales, patrocina amparos de afiliados contra empresas de medicina prepaga, obras sociales y PAMI por falta de cobertura de medicamentos, tratamientos e internaciones geriátricas, y por aumentos de cuotas aplicados con base en el DNU 70/2023.
