Se abrieron los sobres y el resultado fue el que el Gobierno esperaba en lo político y no tanto en lo económico. AySA, la empresa estatal que provee agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios del conurbano, quedó en manos privadas por 30 años. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX ofreció US$340,2 millones por el 90% de las acciones y superó al consorcio liderado por Roggio SA, que había propuesto US$285 millones. La diferencia entre ambas ofertas fue de casi el 20%.
El número final, sin embargo, quedó lejos de lo que se había calculado puertas adentro. En el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, especulaban con recaudar al menos US$500 millones. La idea era destinar esos dólares al pago de vencimientos de deuda y al sostenimiento del plan económico. Con la cifra ofertada, el ingreso queda unos US$160 millones por debajo de esa expectativa.
El oficialismo eligió defender la operación con la historia de la empresa. En el comunicado con el que confirmó la adjudicación, sostuvo que AySA “era un modelo de disfunción administrativa” y recordó que entre 2006 y 2023 recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones. Según el parte oficial, pese a ese flujo de fondos un tercio del área concesionada todavía no tiene acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos subieron 80%.
Los nuevos dueños del agua
Al frente del consorcio ganador está Rowing S.A., empresa de ingeniería, construcción y servicios industriales controlada por Walter Román. Lo integran también Transclor, del empresario Mauricio Filiberti; Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav; y PHX, un vehículo de inversión radicado en los Países Bajos.
La operación técnica de AySA quedará en manos de Arcos, designada como “Operador Técnico”. Según el consorcio, la compañía opera agua y cloacas desde 2010 y hoy presta servicio, con 25 mil colaboradores, a más de 39 millones de personas en 15 estados y más de 890 municipios de Brasil.
El grupo expresó su “satisfacción por haber presentado la mejor oferta” y ratificó el compromiso contractual de invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años de la concesión y US$15.040 millones a lo largo de los 30 años.
Qué prevé el contrato
El Gobierno detalló que el nuevo contrato fija para 2027-2031 un Plan de Acción de $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. Contempla unos $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones para la operación.
Las inversiones se atan a metas de expansión de AySA. Para 2031 se prevé una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Al cierre del período inicial de la concesión, los niveles mínimos deberán ser del 90% y el 75%, respectivamente.
AySA atiende a cerca de 14 millones de habitantes y cuenta con unos 3,8 millones de usuarios. Por el 90% que se vende, la oferta equivale a US$378 millones por el 100% de la empresa. El 10% restante está en manos del sindicato que conduce Omar Lingeri. Además, los adjudicatarios asumirán la deuda de la compañía, de US$70 millones.
Final del ciclo estatal
AySA nació en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, para reemplazar a Aguas Argentinas, la compañía controlada por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que había ganado la licitación en 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó Obras Sanitarias.
Los incumplimientos contractuales y los desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, llevaron a rescindir aquel contrato. El Estado volvió a hacerse cargo del servicio.
Veinte años después, el agua del Área Metropolitana vuelve a ser operada por privados. Resta todavía un trámite: la revisión final de la Comisión de Evaluación para la adjudicación definitiva, cuya aprobación se da por descontada.
