“Libertad educativa”: el proyecto que vacía la escuela pública y redefine el trabajo docente

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El secretario de Condiciones Laborales de AGMER y congresal de CTERA, Leandro Pozzi, analizó el proyecto de “libertad educativa” impulsado por el Gobierno nacional y lo vinculó con la reforma laboral, la avanzada sobre la carrera docente y el vaciamiento del sistema educativo.

Leandro Pozzi, secretario de Condiciones Laborales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), congresal de CTERA e integrante de la Comisión Sindical del Partido Comunista de la Argentina, fue entrevistado en el programa Informe de Pájaros, por Radio con Aguante.

A lo largo de una extensa conversación, Pozzi desplegó un diagnóstico integral sobre el proyecto de “libertad educativa” impulsado por el gobierno nacional, su vínculo con la reforma laboral y las consecuencias concretas que estas iniciativas tendrían sobre el sistema educativo, el trabajo docente y el proyecto de país.

Desde el inicio, el dirigente sindical propuso una lectura de conjunto. Para Pozzi, tanto la reforma educativa como la laboral forman parte de una misma matriz política y económica. “Si es por la reforma laboral, tendríamos que hablar directamente de una reforma esclavista y neocolonial”, planteó, al advertir que el Gobierno presenta una “catarata de proyectos” donde las modificaciones más profundas aparecen ocultas en los artículos finales, especialmente en las derogaciones.

Uno de los núcleos más sensibles del proyecto educativo, explicó, es la derogación de la Ley de Educación Nacional (26.206). “Ahí se elimina el derecho social a la educación. Desaparece la educación como derecho humano y social, y con eso se rompe una concepción histórica”, señaló. En ese nuevo esquema, el Estado deja de ser garante del derecho a la educación y la responsabilidad se traslada de manera difusa a las familias, mientras se iguala a la escuela pública y la privada en materia de financiamiento.

El marco general de la “libertad educativa”

Pozzi advirtió que esta lógica se completa con la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo y la eliminación de la obligación estatal de invertir al menos el 6% del PBI. “Eso marca un camino directo hacia la privatización de la escuela pública”, sostuvo. Aunque reconoció que ese porcentaje ya venía siendo incumplido, remarcó que su eliminación formal abre la puerta a un retiro definitivo del Estado.

En paralelo, el dirigente trazó los vasos comunicantes con la reforma laboral. El proyecto educativo, explicó, desarticula pilares centrales de la carrera docente: el concurso público, la estabilidad, la antigüedad y la formación como criterios de acceso y permanencia en el trabajo. “Hablan directamente de designaciones y cesantías”, alertó. También señaló similitudes con el llamado “banco de horas”: el calendario escolar deja de organizarse por días y pasa a estructurarse por horas, lo que introduce una flexibilidad laboral extrema.


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En diálogo con Informe de Pájaros, Leandro Pozzi advirtió sobre la privatización y extranjerización de la educación, el impacto en las provincias, con especial énfasis en Entre Ríos, y planteó que detrás de estas iniciativas se disputa un modelo de país.


Otro punto clave es la paritaria nacional docente. Según Pozzi, el proyecto elimina en los hechos este ámbito de negociación. Aunque se menciona la posibilidad de convenios en el Consejo Federal de Educación, estos quedan supeditados al presupuesto. “Si el gobierno dice que el equilibrio fiscal no lo permite, no hay piso salarial. Y sin piso salarial, hay congelamiento”, explicó.

La conversación se desplazó luego hacia la situación en Entre Ríos, que el propio Pozzi presentó como un caso testigo. Con la llegada de Rogelio Frigerio al gobierno provincial, señaló una fuerte alineación política con el Ejecutivo nacional. “Vemos una réplica del modelo que impulsa La Libertad Avanza, un proceso de vaciamiento y privatización del sistema educativo”, afirmó.

En ese marco, denunció anuncios que afectan directamente a los institutos de formación docente: carreras que no abren nuevas cohortes según la ‘demanda’ y que, en los hechos, quedan condenadas a desaparecer. A esto se suma una avanzada sobre el sistema previsional provincial. Entre Ríos, al igual que otras diez provincias, mantiene su caja jubilatoria y el régimen del 82% móvil. “Ya se está hablando de modificar el cálculo del haber y la edad jubilatoria”, advirtió, y subrayó que el régimen docente es especial por las condiciones del trabajo, no un privilegio.

Otro gesto político que encendió alarmas en el sector fue la designación de un contador al frente del Consejo General de Educación. “Eso dice mucho sobre cómo conciben la política educativa”, sostuvo Pozzi, al cuestionar una mirada que reduce el sistema a variables contables. La primera definición del nuevo titular del organismo, según relató, fue que la educación no puede girar en torno al salario docente, una afirmación que Pozzi consideró falsa y reveladora de una concepción de clase.

Consultado sobre los intereses que se benefician con estas reformas, el dirigente fue contundente. Uno de los ejes del proyecto es la llamada “educación alternativa”: modalidades domiciliarias, híbridas o a distancia que corren al docente del centro del proceso educativo y habilitan la participación de empresas, ONGs y universidades privadas extranjeras. “No es solo privatización, es extranjerización del sistema educativo”, afirmó.

Esta desarticulación del sistema formal, explicó, permite que los contenidos educativos queden definidos por el poder económico. A la vez, la equiparación del financiamiento público y privado profundiza la desigualdad: las escuelas con cooperadoras fuertes tendrán recursos; las que no, quedarán aún más relegadas. “El Estado no es neutral: termina beneficiando al sector privado”, se remarcó en la entrevista.

Para Pozzi, el objetivo de fondo es claro: formar una élite educativa y degradar la educación masiva. “Es un proceso de transferencia de recursos y oportunidades desde los sectores más desfavorecidos hacia los más ricos”, sintetizó.

Entre Ríos, el ajuste educativo y la avanzada sobre la formación docente y el sistema previsional, bajo un gobierno alineado con la Casa Rosada.

Hacia el cierre, el dirigente amplió la mirada y ubicó estas reformas en un horizonte histórico. La derogación y modificación de la Ley de Educación Superior, señaló, profundiza lógicas heredadas del neoliberalismo, ligando el sistema universitario a criterios de matrícula, auditorías y eficiencia administrativa. “Lo que no encaje en esa lógica va camino a la eliminación”, alertó.

Frente a este escenario, Pozzi planteó la necesidad de una articulación amplia: sindicatos docentes, comunidades educativas, universidades y otros actores del sistema. “La respuesta tiene que ser colectiva y de resistencia”, afirmó, pero también de debate profundo. No se trata solo de defender lo existente, sino de discutir qué aspectos deben profundizarse para democratizar el sistema educativo.

En esa discusión, sostuvo, está en juego el proyecto de país. “Este modelo busca volver a una Argentina reducida a exportadora de materias primas, con mano de obra barata y superbarata para las grandes corporaciones”, afirmó, al trazar un paralelismo con la generación del ’80. Para eso, concluyó, es necesario vaciar la escuela pública, desactivar su potencial crítico y ponerla al servicio de un esquema colonial.

“Decirle no a este proyecto educativo implica también decirle no a la reforma laboral, a la reforma del Código Penal y a todo un entramado que apunta a un país más desigual y más represivo”, sostuvo Pozzi. Frente a ello, propuso recuperar un horizonte de democracia real, emancipación y cooperación, ligado a un mundo multipolar y solidario, lejos de la lógica del ‘sálvese quien pueda’.


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