Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. El Reino Unido tendrá dos semanas para impedir el inicio o la continuidad del proyecto Sea Lion en Malvinas. Si no cumple, Argentina anticipó que acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. También denunció operaciones aéreas no autorizadas vinculadas a THALES UK.
El Gobierno argentino decidió avanzar por la vía jurídica internacional para intentar frenar la explotación de hidrocarburos que el Reino Unido impulsa en las Islas Malvinas. El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos de la administración nacional a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contra el Reino Unido.
La medida apunta específicamente a impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del denominado Proyecto Sea Lion, y a evitar la adopción de nuevas medidas que, según la posición argentina, puedan agravar la controversia, entre ellas el otorgamiento de nuevos permisos para explotar recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
Así lo informó la Oficina del Presidente en su Comunicado Oficial número 166, fechado el 28 de septiembre.
El Ejecutivo fundamentó su decisión en el marco jurídico y diplomático construido durante décadas alrededor de la cuestión Malvinas. En particular, recordó la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la cual se reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y se instó a ambos países a buscar una solución pacífica mediante negociaciones.
También citó la Resolución 31/49, que llamó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras permanece pendiente la controversia.
El Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área provoca un perjuicio irreversible a los derechos que reivindica sobre la plataforma continental.
Ese marco forma parte de una posición argentina que también aparece registrada en documentos de Naciones Unidas, donde se consignan las resoluciones de la Asamblea General que reconocen la existencia de la disputa de soberanía y reclaman la reanudación de negociaciones entre ambos países.
Dos semanas para detener Sea Lion en Malvinas
Como primer paso, el Gobierno argentino informó que intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, dentro de un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación hidrocarburífera.
La advertencia contempla una instancia posterior. Si Londres no cumple con la intimación, la Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental.
La decisión se produce después de que el Gobierno ya hubiera adoptado otras medidas relacionadas con la explotación de hidrocarburos en el área. A comienzos de septiembre, la administración Milei había anunciado el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas vinculadas, según el Ejecutivo, con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En paralelo, el 17 de septiembre el Gobierno había enviado al Congreso un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluye entre sus objetivos sancionar a quienes exploten recursos naturales que Argentina considera ilegítimamente obtenidos y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 28, 2026
Rechazo a la posición británica
El comunicado de la Casa Rosada también expresó un “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido frente al discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno argentino cuestionó particularmente que Londres continúe denominando a las islas como “Territorio Británico de Ultramar” y sostuvo que el referéndum celebrado en 2013, que Argentina no reconoce, no modifica la existencia ni el objeto de la disputa de soberanía.
En su intervención ante la ONU del 23 de septiembre, Milei había definido a Malvinas como una “causa nacional”, reclamado al Reino Unido la reanudación de las negociaciones y afirmado que la Argentina optaba por una defensa “pacífica, práctica y efectiva” de su posición.
Denuncia por vuelos y acciones contra THALES UK
La ofensiva oficial incluye además una denuncia por presuntas irregularidades en el transporte aéreo relacionado con las islas.
Según informó el Gobierno, fueron detectadas operaciones realizadas por la empresa THALES UK LIMITED en la ruta Islas Malvinas-Punta Arenas, mediante una aeronave con matrícula británica que habría operado sin autorización argentina.
Frente a esa situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente los procedimientos sancionatorios correspondientes, presentar las denuncias penales y avanzar también con las gestiones diplomáticas pertinentes.
El Gobierno sostuvo finalmente que Argentina utilizará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas” disponibles en el derecho nacional e internacional para defender sus reclamos de soberanía y afirmó que “no se quedará de brazos cruzados”.
El comunicado concluyó con la consigna histórica de la posición oficial argentina sobre el archipiélago: “Las Malvinas son argentinas”.
