La Justicia pondrá bajo la lupa la complicidad empresarial en la dictadura. El 10 de septiembre arranca en el TOF 2 de La Plata el juicio con debate oral contra Emilio Parodi, jefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda entre 1974 y 1979, acusado de partícipe necesario en el secuestro de tres trabajadores aceiteros el 7 de julio de 1976. Los tres siguen desaparecidos. El caso reabre el debate sobre el rol de las empresas en el Terrorismo de Estado.
El próximo jueves 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata dará inicio al juicio oral y público contra Emilio Jorge Parodi, de 85 años, quien se desempeñó como jefe de Personal de la planta de Molinos Río de la Plata en Avellaneda durante los años más duros de la última dictadura cívico-militar.
Parodi está acusado de ser partícipe necesario en el secuestro de tres trabajadores aceiteros, Francisco Fernández, Santos Ojeda y Roberto José Rivolta Bonino, ocurrido el 7 de julio de 1976 dentro del propio predio fabril. Los tres continúan desaparecidos.
El debate es un hito en una causa que lleva más de una década de instrucción y que apunta, por primera vez en este expediente, a una responsabilidad empresarial concreta en los crímenes cometidos contra trabajadores durante el terrorismo de Estado.
Según sostienen la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA Capital y Gran Buenos Aires), querellantes en la causa, el juicio permitirá exponer cómo ciertos sectores empresariales colaboraron con el aparato represivo para disciplinar a la fuerza de trabajo y allanar el camino a un modelo económico basado en el ajuste salarial, el endeudamiento externo y la desindustrialización.
Quién es el acusado y qué rol cumplía en Molinos
Emilio Jorge Parodi nació el 16 de abril de 1941 en Ramos Mejía. Es abogado de profesión y, según su propia declaración ante la Justicia, se desempeñó como jefe de Personal de la planta Avellaneda de Molinos Río de la Plata entre 1974 y 1979.
Luego continuó su carrera dentro de la empresa: fue jefe de Relaciones Laborales entre 1979 y 1981, y gerente de Relaciones Industriales entre 1981 y 1991, año en que se desvinculó de la compañía.
Al momento de los hechos, la empresa era propiedad del grupo Bunge & Born; desde 1999 pertenece a la familia Pérez Companc.
En su descargo ante la Justicia, Parodi negó haber participado directa o indirectamente en los secuestros y sostuvo que su función se limitaba a tareas administrativas, incorporación de personal, liquidación de sueldos, atención de reclamos de la Comisión Interna, y que no tenía poder de decisión ni vinculación con las fuerzas armadas o de seguridad.
Sin embargo, el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, sostuvo en el auto de elevación a juicio, dictado en diciembre de 2024, que resulta “imposible que los secuestros de los trabajadores efectuados en la planta hayan pasado desapercibidos” para Parodi, y que los hechos “no se podrían haber ejecutado sin la colaboración del imputado, quien facilitó la consumación de las detenciones de las víctimas poniendo a disposición de los captores las instalaciones de la fábrica”.
Para el magistrado, Parodi actuó como “cómplice primario” de los secuestros, brindando una cooperación indispensable a quienes ejecutaron materialmente los hechos.
Con esa calificación, Kreplak ordenó su elevación a juicio como “partícipe necesario” del delito de privación ilegal de la libertad agravada, en los términos del artículo 144 bis del Código Penal, categorizado como crimen de lesa humanidad. Parodi permanece detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario desde julio de 2023, cuando fue procesado con prisión preventiva.
Los tres secuestros del 7 de julio de 1976
Los hechos por los que Parodi llegará a juicio ocurrieron la madrugada del 7 de julio de 1976, en el ingreso a la planta fabril de Molinos ubicada en la calle Deán Funes 90, Avellaneda, en un lapso de apenas tres horas y en circunstancias que la Justicia consideró parte de un mismo operativo:
- Francisco Fernández, mecánico, ingresó a la empresa en noviembre de 1973 y militaba en la agrupación gremial “17 de Octubre” y en la Lista Blanca de la Comisión Interna. Cerca de las 6 de la mañana, cuando se dirigía a marcar su tarjeta de ingreso, fue interceptado por dos hombres vestidos de civil que lo sacaron del establecimiento y lo subieron a un vehículo. Testigos que trabajaban con él reconstruyeron la escena: lo esperaban en la propia guardia de seguridad de la planta. Según la prueba reunida, habría sido trasladado al centro clandestino de detención que funcionaba en Campo de Mayo.
- Santos Ojeda, de 24 años, operario de la sección Expedición y delegado de base, fue secuestrado alrededor de las 5 de la mañana cuando salía de la fábrica al terminar su turno, por hombres armados que se identificaron como integrantes de Coordinación Federal. Según el testimonio de una tía de la víctima ante la CONADEP, los captores se habrían presentado ante el jefe de Personal de la planta para pedirle que identificara a Ojeda antes de llevárselo.
- Roberto José Rivolta Bonino, empleado del sector Administración e integrante también de la agrupación “17 de Octubre”, fue detenido alrededor de las 8 de la mañana, cuando llegaba a la planta para comenzar su jornada laboral.
Los tres siguen hoy desaparecidos.
26 víctimas y otros 16 jerárquicos señalados en el juicio
Aunque el juicio que comienza esta semana se circunscribe a estos tres casos, los únicos que llegaron a juicio tras la instrucción, la causa completa investigó los secuestros y desapariciones de un total de 26 personas entre trabajadores aceiteros y familiares vinculados a la planta de Avellaneda: Francisco Fernández, Rubén Mataboni, Eduardo Rosen, Roberto Rivolta, Héctor Vidal y su esposa María Inés Ávila, Humberto D’Ippolito, Juan Carlos y José Jacinto Pasquarrosa, Héctor Dadin Vasere, Avelino Freitas, José Luis Salazar, Carlos Robles, Alfredo Patiño, Carlos de Jesús Espíndola, Santos Ojeda, Ricardo Avelino Almaraz y su esposa Celia Arzamendia, Graciela Vitale, Juan Omar Durante, José Vega, Marcos Augusto Vázquez, Jorge Luis Gurrea, René Albornoz, su esposa Elba Noemí Musaschio y la hija de ambos, Paula Noemí Albornoz Musaschio, apropiada cuando tenía seis meses de edad tras la desaparición de sus padres.
Al menos 26 personas, entre trabajadores aceiteros y sus familiares, fueron secuestrados debido a su actividad sindical en la planta Avellaneda por el aparato criminal del terrorismo de Estado.
Para el resto de esas víctimas, la Justicia dictó en 2023 la falta de mérito respecto de Parodi, es decir que no se reunió prueba suficiente para llevarlo a juicio por esos casos puntuales.
La Federación Aceitera y el SOEIA, sin embargo, insisten en ampliar el círculo de responsabilidad: en agosto de 2023 pidieron que sean citados a indagatoria otros dieciséis jefes y personal jerárquico que se desempeñaban en la planta de Avellaneda durante la dictadura, también señalados por su presunta responsabilidad en los secuestros de los obreros.
Una causa que empezó con la denuncia de los hijos de los desaparecidos
El expediente se inició el 11 de junio de 2013 con la denuncia de Analía Adriana Fernández, Ernesto Ceferino Mataboni y Roxana Freitas, hijos de tres de los trabajadores desaparecidos, ante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata.
A partir de esa presentación se abrió una investigación que recogió 27 declaraciones testimoniales ,18 de ex trabajadores de la planta y 9 de familiares de las víctimas, y reunió prueba documental de decenas de organismos, entre ellos la Comisión Provincial por la Memoria, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el propio Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera.
En 2015, la Federación Aceitera y el SOEIA Capital y Gran Buenos Aires se presentaron como parte querellante, con el compromiso de representar a sus afiliados detenidos-desaparecidos y aportando actas y documentación propia a la causa.
El 4 de julio de 2023, Parodi prestó declaración indagatoria y, a fin de ese mes, fue procesado con prisión preventiva por los casos de Fernández, Ojeda y Rivolta Bonino. La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó esa decisión en septiembre de ese año.
Con la causa firme, y pese a la oposición de la defensa de Parodi, el juez Kreplak dictó en diciembre de 2024 el auto de elevación a juicio que ahora desemboca en el debate oral que arranca este 10 de septiembre ante el TOF 2 de La Plata.
“Su lucha y la nuestra fue y sigue siendo una sola”
Para las organizaciones gremiales que impulsaron la causa junto a los familiares, sobrevivientes y organismos de derechos humanos, el juicio excede lo judicial.
En su comunicado, la Federación Aceitera y el SOEIA sostienen que los trabajadores aceiteros secuestrados en Molinos “fueron atacados por luchar por sus derechos laborales, sindicales y democráticos”, y trazan una continuidad entre aquella represión y las tensiones actuales en torno a los derechos laborales. “Por nuestras compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, Memoria, Verdad y Justicia”, remarcan.
El juicio contra Parodi se suma así a un conjunto todavía acotado de causas en la Argentina que buscan establecer, con nombre y apellido, la responsabilidad de cuadros gerenciales de empresas privadas en los crímenes de la última dictadura, en la línea de procesos previos como el de directivos de Ford Argentina o del Ingenio Ledesma, en momentos en que las organizaciones sindicales y de derechos humanos remarcan la vigencia de ese reclamo de memoria, verdad y justicia.
