El ciudadano ruso imputado en la causa por presunta trata de personas de Bariloche fue intervenido quirúrgicamente en las últimas horas en el Hospital Naval Central de Buenos Aires y permanece internado. La nueva cirugía de Rudnev es el capítulo más reciente de un deterioro físico que comenzó con su detención en marzo de 2025: perdió más de cincuenta kilos en la Unidad 6 de Rawson, su caso fue llevado ante la ONU y la CIDH, y su defensa denuncia que la fiscalía impulsa su regreso a la cárcel pese al cuadro clínico.
Konstantin Rudnev fue operado de urgencia en las últimas horas en el Hospital Naval Central, en la Ciudad de Buenos Aires, y permanece internado bajo observación médica. El ciudadano ruso imputado en la causa que tramita la Oficina Judicial de San Carlos de Bariloche, había sido derivado a la guardia por su médico de cabecera tras constatarse una desmejoría general respecto de la cirugía de hernia a la que fue sometido a fines de mayo. La intervención, un drenaje quirúrgico, es el episodio más reciente de una historia clínica que se degradó de manera sostenida desde su detención, hace más de un año.
La emergencia quedó formalizada en el expediente por el defensor Martín Sarubbi, mediante un escrito presentado el 7 de julio en la causa Nº 2878/2025, Incidente Nº 45. Según esa presentación, el cirujano Eduardo Cammarota encontró al paciente hipertenso, con registros de 160-100 mmHg, y con una masa en la región escrotal derecha de características “tensas, dolorosas y febriles”. “Ante el cuadro se indicó internación en centro de alta complejidad para su drenaje quirúrgico y cobertura antibiótica”, consignó el médico. Esa intervención fue la que se concretó en el Hospital Naval.
El antecedente inmediato es la hernioplastia con malla del 26 de mayo de 2026 en la Clínica Monte Grande, tras la cual Rudnev cursó un “postoperatorio tórpido” por una colección líquida sero-hemática. Una ecografía del 23 de junio ya había detectado una “colección fluida multiloculada en región inguinoescrotal derecha compatible con hematoma en fase de organización”. Casi un mes y medio de evolución desfavorable desembocó en el quirófano.
Pero la historia de fondo empieza mucho antes. Cuando Rudnev fue detenido en el aeropuerto de Bariloche, el 28 de marzo de 2025, tenía 57 años y un historial médico complejo: fibrosis pulmonar progresiva, una enfermedad que los especialistas califican como fatal, y un antecedente de infarto de miocardio en 2021. Era, ya entonces, un hombre enfermo.
Catorce meses después salió de la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson habiendo perdido, según su defensa, más de cincuenta kilogramos, con indicación de cirugía urgente y un organismo devastado. En ese lapso, sostienen sus abogados y las presentaciones internacionales que generó el caso, la fiscalía no logró acreditar con prueba material el delito de trata de personas que motivó la privación de libertad.
El deterioro fue documentado ante Naciones Unidas por la abogada francesa Patricia Duval, especialista en derecho internacional de los derechos humanos formada en La Sorbona, quien en enero de 2026 presentó una solicitud de acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y cuatro Relatores Especiales. El cuadro que describió era alarmante: las propias autoridades médicas del penal habían confirmado un “riesgo elevado” por la enfermedad pulmonar crónica, y la pérdida de peso llevó a dos peritos médicos a atribuirla a un probable cáncer del sistema digestivo que requería hospitalización urgente, atención que, según la presentación, le fue negada. “La continuación de su detención constituye un peligro grave para su salud o su vida“, advirtió Duval.
Las condiciones de detención descriptas en esa presentación completan el cuadro: diez días de aislamiento con una camiseta en una celda fría, a pan y agua de canilla; recién al día doce pudo consultar a un abogado; exámenes médicos sin intérprete, que derivaron en medicación inapropiada con caídas bruscas de presión y desmayos; una celda compartida con veintitrés presos que fumaban constantemente en un espacio sin ventilación, riesgo extremo para un paciente con fibrosis pulmonar, y ventanas sistemáticamente rotas durante los allanamientos, que lo exponían al frío patagónico.
De Rawson al quirófano: el traslado que anticipó la crisis de salud de Rudnev
El abogado Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, sintetizó el resultado de esas condiciones en su análisis de junio de 2026 en The European Times: “Rudnev entró a prisión como un hombre saludable. Después de catorce meses de condiciones inhumanas en la Unidad 6, salió prácticamente discapacitado e inmediatamente debió ser operado”. Amicarelli advirtió además que la extrema debilidad inmunológica del imputado hace que cualquier nueva encarcelación constituya “una amenaza real para su vida”, pese a lo cual, señaló, la fiscalía insiste en su retorno a prisión.
La historia del traslado desde Rawson ilustra esa tensión. El Tribunal de Impugnación ordenó el arresto domiciliario el 23 de abril de 2026, pero pasaron veintiún días hasta que se concretó, en medio de oficios sin respuesta y organismos que se declaraban incompetentes. Sarubbi ofreció solventar íntegramente un traslado aéreo, dado el riesgo de un viaje terrestre de casi 24 horas para un paciente con una hernia inguinoescrotal de gran tamaño, fibrosis pulmonar y antecedentes cardiovasculares. La fiscalía se opuso y el traslado se hizo por tierra, en un viaje que la familia calificó como un riesgo innecesario.
La noche previa, Rudnev le escribió al juez desde su propia casilla de correo: “Estoy seriamente preocupado porque durante el largo viaje por transporte terrestre pueda producirse un atrapamiento de la hernia, lo que representa un peligro real para mi salud”, y pidió el traslado aéreo. El informe médico del penal, emitido el día del viaje, describió la hernia como “dolorosa a la palpación” pero certificó aptitud para el traslado terrestre, y presentó al paciente como alguien que “se negaba continuamente al control médico”, una versión que Rudnev contradijo por escrito, afirmando que había solicitado expresamente ser atendido, incluso en notas en ruso dentro de los formularios de “negativa de tratamiento”. La secuencia posterior pareció darle la razón a la advertencia: la hernia debió operarse a las pocas semanas y la complicación de esa cirugía acaba de llevarlo otra vez al quirófano.
El caso se inscribe, además, en un problema estructural: según datos oficiales, alrededor del 40% de las personas detenidas en Argentina no tiene condena firme y aguarda juicio en prisión, en algunos casos durante años. “Estamos hablando de una situación estructural que debe revisarse. Este caso refleja ese problema de fondo”, planteó Sarubbi.
A eso se suma la aplicación expansiva de la figura de trata de personas: el juez federal Roberto Falcone, al absolver en octubre de 2025 al pastor evangélico Roberto Tagliabué tras tres años de preventiva por cargos similares, cuestionó el uso acrítico de informes que clasificaban como víctimas a miembros de comunidades religiosas sin verificar sus circunstancias, una crítica que, según la defensa, aplica también al expediente barilochense.
En el plano probatorio, la defensa subraya la ausencia de una víctima que se reconozca como tal: la mujer señalada por la fiscalía declaró formalmente que no sufrió coerción, explotación ni violencia, y explicó que utilizó documentación de Rudnev sin su conocimiento, para trámites migratorios propios, versión que coincidiría con tres testimonios independientes.
“En delitos de trata, la existencia de una víctima es un elemento esencial del tipo penal”, sostuvo Sarubbi, y recordó que los peritajes oficiales descartaron sustancias ilegales y que no se hallaron registros que acreditaran una organización criminal transnacional.
La dimensión humana del proceso la puso en palabras Tamara Rudneva, esposa del imputado: “Nadie habla de lo que le pasa a la familia de una persona acusada. El sistema castiga a todos, no solo al detenido. Y si después resulta que no había pruebas, nadie te devuelve ese tiempo“.
El deterioro físico de su marido fue, precisamente, uno de los argumentos que internacionalizaron el caso: a la presentación de Duval ante la ONU se sumaron una petición de medidas cautelares ante la CIDH en febrero y la comisión internacional de investigación del CESNUR lanzada en abril, cuyos primeros resultados se publicarán entre julio y agosto de 2026.
El presente judicial, sin embargo, corre en dirección contraria al médico: la Cámara Federal de Casación Penal revocó la prisión domiciliaria que Rudnev cumplía con tobillera electrónica, y desde su entorno denuncian que la fiscalía “exige que se ejecute lo antes posible” esa resolución, ignorando, afirman, su real estado de salud. Como contrapunto, destacan que en los casi dos meses de arresto domiciliario “no intentó fugarse en ningún momento”, en respuesta directa al riesgo de fuga que fundamentó el fallo.
La defensa ya anticipó que resistirá cualquier retorno a la cárcel con el argumento médico como eje: tras lo vivido en Rawson, sostiene, una nueva encarcelación podría tener consecuencias irreversibles.
Con Rudnev todavía internado en el Hospital Naval, la pregunta que su entorno instala trasciende el expediente es: “¿cuánto tiempo puede sostenerse una privación de libertad que deteriora gravemente la salud de una persona cuando la acusación no logra acreditar el delito con pruebas concretas?”
Y además agregan: “La respuesta que dé el sistema judicial argentino en las próximas semanas va a decir mucho sobre los estándares reales de un país que suscribió los instrumentos internacionales de derechos humanos y que hoy está bajo la mirada de los organismos que los custodian”.
