La octava entrega de la serie de Bitter Winter y CESNUR reconstruye el rol de Alexander Dvorkin, el activista antisectas al servicio de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en la persecución a Konstantin Rudnev. Un tribunal ruso llegó a ordenar la destrucción de libros, discos y hasta de tres tambores rituales, y absolvió a Dvorkin de calumnias considerando que acusar a alguien de torturar personas era apenas “una opinión”.
La serie internacional de estudios sobre el caso de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado en la causa federal que tramita en Bariloche, sumó su octava entrega. La firma el activista belga de derechos humanos Willy Fautré, fundador de Human Rights Without Frontiers, y fue publicada por Bitter Winter en el marco del trabajo coordinado por el sociólogo italiano Massimo Introvigne junto al CESNUR, organizaciones que se han pronunciado públicamente a favor de la posición de la defensa.
El artículo responde a una pregunta central para entender el expediente argentino: ¿de dónde salió la palabra “secta” aplicada a Rudnev, y quién la puso a circular?
Alexander Dvorkin denuncia a Rudnev como un ‘líder de culto destructivo’ en la serie de videos anti-Rudnev de Andrei Lobanov, ‘El llamado de Shambhala
La respuesta que ofrece el estudio apunta a un actor concreto: el movimiento antisectas ruso, financiado y respaldado por la Iglesia Ortodoxa Rusa y liderado por Alexander Leonidovich Dvorkin.
Fautré sostiene que, aunque Rudnev era también un disidente político que criticaba abiertamente al régimen, la Iglesia Ortodoxa fue la principal instigadora de la persecución, y que Dvorkin cumplió un rol clave en su caso.
El punto de llegada de esa campaña fue una sentencia. El 11 de abril de 2014 el Tribunal Regional de Novosibirsk prohibió el movimiento “Ashram Shambhala”, con vigencia desde el 20 de mayo de ese año.
El fallo afirmó, erróneamente, que Rudnev le había dado ese nombre al grupo: en realidad fueron algunos de sus estudiantes quienes empezaron a usarlo y la prensa la que lo popularizó. Rudnev nunca fundó ni registró una organización llamada “Ashram Shambhala”.
El texto de la sentencia describió al movimiento como “un culto pseudotántrico neopagano totalitario y destructivo, cuya actividad está asociada a la violencia y a la incitación a los ciudadanos a negarse a cumplir sus deberes civiles”.
Fautré señala una obviedad que el tribunal nunca explicó: cómo puede una corte rusa distinguir entre enseñanzas tántricas “genuinas” y “pseudo” tántricas.
Sobre la base de un informe de “expertos” antisectas, los jueces objetaron que las enseñanzas de Rudnev incorporaban “ideas ocultistas de los Roerich, H. P. Blavatsky, C. Castaneda, Sri Aurobindo, Osho, G. I. Gurdjieff y P. D. Ouspensky”. Y sostuvieron que el contenido “antisocial” estaba en el libro “El camino del tonto”, desestimando la objeción de que ese texto no es una declaración doctrinal sino un relato ficcionalizado escrito por una discípula y no por Rudnev, complementado con textos de otros estudiantes: el mismo señalamiento que la investigadora Karolina Kotkowska formuló en la sexta entrega de la serie.
El eje del fallo fue la teoría del lavado de cerebro, descartada por los especialistas occidentales en nuevos movimientos religiosos, pero todavía vigente en los tribunales rusos. Al referirse a las “víctimas”, la sentencia afirmó que “para suprimir su voluntad y subordinarla a los deseos y la voluntad de K. D. Rudnev, se ejerció sobre ellas violencia psíquica y psicológica en forma de métodos especialmente desarrollados de influencia externa agresiva sobre la psiquis”, cuyo resultado habría sido “la formación de una dependencia psicológica estable” y el “miedo a los vínculos sociales” externos al grupo.
El tribunal conocía el antecedente que desarmaba su propio razonamiento. En 2010 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado en “Testigos de Jehová de Moscú y otros c. Rusia” que las medidas contra ese grupo eran incompatibles con la libertad religiosa, y había objetado expresamente que “no existe una definición generalmente aceptada y científica de lo que constituye ‘control mental'”.
Los jueces de Novosibirsk optaron por distinguir el caso Rudnev alegando que allí las creencias se imponían “mediante coerción contra la voluntad” de los miembros, pese a que a los Testigos de Jehová se los había acusado exactamente de lo mismo.
La prohibición de 2014 se apoyó, además, en una condena penal previa. En febrero de 2013 Rudnev había sido sentenciado a once años de prisión en una colonia penal de régimen estricto, tras un proceso que la serie de Bitter Winter describe como un juicio simulado basado en cargos fabricados y viciado por irregularidades procesales, contaminación de testigos y construcción narrativa.
Pero la persecución era anterior: hubo intentos de procesarlo en 1999, 2004 y 2008, y en todas las ocasiones los investigadores no lograron acreditar conducta delictiva alguna ni identificar víctimas. La causa de 2004, iniciada bajo el artículo 239 del Código Penal ruso, la norma habitualmente invocada contra grupos etiquetados como “sectas”, fue discontinuada por prueba insuficiente.
En octubre de 2008, policías y fuerzas especiales allanaron la aldea de Plotnikovo, en la región de Novosibirsk, donde vivía Rudnev, y lo detuvieron junto a seis integrantes del movimiento. Tras el operativo, la Dirección General de Asuntos Internos comparó públicamente a Ashram Shambhala con Aum Shinrikyo, el grupo japonés que en 1995 realizó el ataque con gas sarín en el subte de Tokio, con catorce muertos y miles de heridos.
Fautré califica la comparación como absolutamente inapropiada: a diferencia de Aum Shinrikyo, el grupo de Rudnev nunca estuvo vinculado a actos de terrorismo. El objetivo, sostiene, era producir una impresión impactante.
El trabajo documenta también cómo se construyó el clima previo. Dvorkin y la Iglesia Ortodoxa estimaban que el movimiento tenía unos 20.000 seguidores a comienzos del siglo XXI y lo presentaban como una de las principales “sectas” del país. En el sitio de Dvorkin, iriney.ru, se publicó en 2003 un artículo de su segundo en la organización paraguas antisectas RATsIRS, el arcipreste Alexander Novopashin, que describía al grupo como “un culto monstruoso que practica el acoso, el abuso de menores, la violencia sexual, la perversión y la extorsión”.
Un año más tarde, otro texto del mismo sitio sostenía que los estudiantes no se daban cuenta de que eran “víctimas” porque estaban sometidos a lavado de cerebro, y concluía con una queja reveladora: “Cerrar el culto es prácticamente imposible. Tenemos la Ley ‘Sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas’, que afirma el derecho de todos a la libertad de religión”.
El clima político cambiaría después. Y hay un dato que, según el autor, prueba quién estaba detrás del proceso: por una orden judicial del 18 de diciembre de 2013 se destruyeron los libros espirituales y los objetos religiosos secuestrados, una medida que la Iglesia Ortodoxa reclamaba desde hacía tiempo. La destrucción incluyó “53 discos compactos con archivos de audio y video de la asociación religiosa” y “tres tambores rituales con sus mazos”.
Para entender la escala del fenómeno, el estudio reconstruye la historia del antisectismo ruso. Tras setenta años de ateísmo de Estado, el 25 de octubre de 1990 la Duma votó la “Ley sobre la libertad de conciencia”, que por primera vez declaró la práctica religiosa un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
El resultado fue una expansión sin precedentes de la diversidad religiosa: llegaron misioneros protestantes, católicos, mormones, budistas e hindúes. Rudnev y su escuela fueron beneficiarios de esa apertura y, después, víctimas de la reacción. Cuando la Iglesia Ortodoxa comenzó a percibir ese crecimiento como una invasión y una amenaza a la identidad rusa, el antisectismo pasó de ser una preocupación marginal a convertirse en un asunto religioso, político y de seguridad.
La historia de la investifación sobre Rudnev
Dvorkin fue la figura que articuló ese giro. Había pasado un período en Estados Unidos, donde abrazó el cristianismo ortodoxo ruso y tomó contacto con el movimiento antisectas occidental, que explicaba las conversiones mediante los conceptos de “lavado de cerebro” y “control mental”. Al regresar a Rusia en 1992 adaptó esas ideas al contexto postsoviético, argumentando que los “cultos totalitarios” amenazaban no solo a los creyentes individuales sino a la sociedad y a la identidad nacional rusa.
En 1993 fundó el Centro de Información y Consulta San Ireneo de Lyon, bajo los auspicios de la Iglesia Ortodoxa y con la bendición del patriarca Alexey II, que se convirtió en la principal organización antisectas del país. A diferencia del antisectismo occidental, frecuentemente independiente de las iglesias establecidas, el ruso quedó profundamente entrelazado con la Iglesia Ortodoxa, y su retórica presentaba a las religiones minoritarias de origen extranjero como agentes de influencia externa que socavaban las tradiciones nacionales.
Ese marco se tradujo en leyes. En 1997 se aprobó la “Ley sobre la libertad de conciencia y las asociaciones religiosas”, que impuso fuertes restricciones al registro de organizaciones religiosas, obligó a un reempadronamiento que muchas comunidades no lograron superar, el Ejército de Salvación, los jesuitas, los Testigos de Jehová y la Iglesia de Scientology llegaron al Tribunal Europeo, y reconoció el “rol especial” de la Ortodoxia, estableciendo una jerarquía entre religiones “tradicionales” y nuevas.
En 2000, la administración de Vladimir Putin incorporó a su Concepto de Seguridad Nacional la necesidad de “contrarrestar el impacto adverso de las organizaciones religiosas y los misioneros extranjeros”, dando forma a la doctrina de la “seguridad espiritual” que, según Fautré, puso fin al breve período de libertad religiosa abierto en 1990.
La escalada siguió con la Ley de Lucha contra la Actividad Extremista de 2002, justificada inicialmente por el combate al terrorismo tras el 11 de septiembre y luego utilizada para censurar literatura religiosa, con definiciones tan vagas que permitían tratar como “incitación al odio religioso” cualquier enseñanza que contradijera a las religiones tradicionales.
En 2009 Dvorkin fue designado jefe del Consejo de Expertos del gobierno encargado de asesorar sobre el registro y las actividades de las organizaciones religiosas: un activista antisectas pasó a ocupar un rol institucional en la política religiosa del Estado. Las enmiendas Yarovaya de 2016 y la prohibición de los Testigos de Jehová en 2017 como organización “extremista” completaron el cuadro. Dvorkin exportó además ese modelo a Europa como vicepresidente durante años de la FECRIS, la federación europea de centros antisectas, cargo que dejó en 2023 por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.
El caso judicial entre ambos hombres cierra el argumento y es, quizás, el dato más relevante para Bariloche. En octubre de 2010, Dvorkin dio una entrevista al sitio Pravda.ru publicada bajo el título “El organizador de orgías ocultistas espera la cárcel”, donde describió a Rudnev como “un conocido estafador y timador con marcadas tendencias sádicas” y afirmó que sus seguidores “fueron torturados, golpeados, se les sumergió la cabeza en inodoros, se los quemó con cigarrillos y se los cortó”.
Rudnev promovió una demanda civil en defensa de su honor y reputación, reclamando 500.000 rublos al medio y 1.000.000 a Dvorkin. Ninguno de los demandados se presentó a las audiencias preliminares. El 26 de marzo de 2012 el tribunal del distrito Basmanny de Moscú rechazó la demanda, y el 22 de agosto la Corte de la Ciudad de Moscú confirmó el rechazo.
El fundamento de esa absolución es lo que Fautré subraya. El tribunal consideró que Dvorkin “actuó en este caso como funcionario de una organización pública” y que sus dichos no constituían afirmaciones sobre hechos sino “una opinión, juicio o convicción que no puede ser verificada contra la realidad” y, por lo tanto, no podía ser objeto de protección judicial.
El autor califica esa conclusión de manifiestamente errónea: sostener que a personas concretas se las torturó, se las quemó con cigarrillos y se les hundió la cabeza en inodoros describe hechos, no opiniones, y debía haber sido verificado, sobre todo porque Rudnev nunca fue condenado por esos delitos. La protección que los tribunales rusos brindaron a Dvorkin es, para el estudio, prueba adicional de la relación simbiótica entre la Iglesia Ortodoxa, los activistas antisectas, la Justicia y los medios bajo el régimen de Putin.
De allí se desprende la conclusión que el trabajo dirige, sin nombrarla, a cualquier proceso abierto en el exterior: “las decisiones dictadas en Rusia o las publicaciones de los medios rusos no deberían ser consideradas prueba en el extranjero”, porque “pertenecen al terreno de la propaganda y, más que describir hechos, expresan la posición de la Iglesia Ortodoxa y del régimen”, funcionando como herramientas para perseguir disidentes espirituales y políticos.
