Alessandro Amicarelli, presidente de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, publicó un análisis comparado en el que vincula el caso Rudnev con absoluciones recientes por causas de trata y con la situación del líder mapuche Jones Huala, todos bajo la órbita del fiscal barilochense Fernando Arrigo.
El abogado internacional de derechos humanos Alessandro Amicarelli, presidente y portavoz de la Federación Europea para la Libertad de Creencias, publicó en The European Times un extenso análisis titulado “Exceso prosecutorial en Argentina: una preocupación creciente en materia de derechos humanos”.
El artículo señala que Argentina atraviesa un patrón sistemático de fiscales que expanden sus mandatos más allá de los límites legales, interpretan las leyes de manera creativa y manejan la evidencia con una laxitud que vulnera garantías procesales básicas. El caso de Konstantin Rudnev ocupa un lugar central en ese diagnóstico.
El punto de partida del análisis es la legislación argentina sobre trata de personas y el trabajo de la oficina especializada PROTEX. Según Amicarelli, las normas argentinas sobre trata ya son inusualmente amplias por estándares internacionales, pero PROTEX y los fiscales que siguen su enfoque las han estirado aún más.
Disposiciones originalmente concebidas para combatir la explotación sexual organizada o el trabajo forzado de migrantes fueron aplicadas a minorías espirituales y al trabajo voluntario común tanto en religiones nuevas como en las tradicionales.
El artículo cita tres fallos judiciales recientes que ilustran el problema. El 13 de octubre de 2025, el juez federal Roberto Falcone absolvió al pastor evangélico Roberto Tagliabué después de tres años de prisión preventiva.
Las acusaciones incluían trata de personas para explotación laboral, privación ilegal de la libertad y ejercicio ilegal de la medicina, todas presuntamente facilitadas mediante persuasión coercitiva. Falcone no encontró base fáctica para la narrativa construida por la fiscalía y cuestionó el uso acrítico de informes del Programa Nacional de Rescate que clasificaban a miembros de la iglesia como víctimas sin verificar sus circunstancias.
En 2022, la Justicia Federal de Tres de Febrero desestimó cargos contra miembros del movimiento Cómo Vivir por Fe, advirtiendo que la influencia del activista anticultista Pablo Salum había distorsionado la investigación.
El tribunal enfatizó que tratar la adhesión voluntaria a una fe minoritaria como un acto criminal introduce un concepto paternalista incompatible con los principios democráticos. En 2024, el Tribunal Oral Federal de Paraná absolvió a imputados de la Iglesia Tabernáculo Internacional y documentó graves abusos de PROTEX y el Programa de Rescate, incluyendo la coerción de creyentes para que se identificaran como víctimas.
Amicarelli señala que estos casos revelan una cultura fiscal que en ocasiones privilegia la ideología por encima de la evidencia. Y ubica al caso Rudnev dentro de ese patrón más amplio.
El rol del fiscal Fernando Arrigo
El fiscal a cargo, Fernando Arrigo, jefe de la Fiscalía Descentralizada de Bariloche, fue señalado en repetidas oportunidades por medios argentinos por su manejo de la evidencia. “Todo indica que Arrigo actúa con animosidad personal hacia Rudnev”, sostiene el abogado en su artículo.
El análisis recuerda que Rudnev entró a prisión como un hombre saludable y salió prácticamente discapacitado después de catorce meses en la Unidad 6 de Rawson, debiendo someterse a una cirugía de inmediato.
Según Amicarelli, las condiciones inhumanas a las que fue sometido, frío extremo, ventanas sistemáticamente rotas durante los allanamientos, falta de condiciones sanitarias básicas y una inmunidad severamente deteriorada por once años de prisión en Rusia, hacen que cualquier nueva encarcelación constituya una amenaza real para su vida. A pesar de ello, señala el artículo, el fiscal continúa insistiendo en su retorno a prisión.
El artículo también expone otro flanco de la actuación de Arrigo: la presunta víctima del caso Rudnev presentó una denuncia ante el Fiscal General contra Arrigo y otros fiscales, acusándolos de forzarla a reconocerse como víctima y someterla a diversas formas de presión.
La denuncia fue remitida a la propia Fiscalía y archivada rápidamente por falta de mérito. “Esto ilustra un problema estructural serio: en el sistema fiscal argentino, las denuncias contra fiscales son ineficaces y los funcionarios no asumen responsabilidad por sus actos, incluso en casos de presunto abuso de poder”, sostiene Amicarelli.
El análisis también vincula a Arrigo con la causa del líder mapuche Facundo Jones Huala, que generó un intenso debate público. La acusación sostiene que Jones Huala organizó y promovió acciones violentas, aunque según el artículo el caso descansa en gran parte sobre declaraciones realizadas durante una presentación de un libro y no sobre actos concretos de terrorismo.
Defensores de derechos humanos señalan que, a junio de 2026, la investigación sigue incompleta y no se formularon cargos formales pese a la privación de libertad continua.
En esa causa, cuando el juez Ezequiel Andreani ordenó el traslado de Jones Huala a Esquel, la Fiscalía de Bariloche presentó una apelación firmada por Arrigo que paralizó la ejecución de la decisión.
Durante una huelga de hambre que incluyó una fase seca, el detenido fue trasladado de urgencia a terapia intensiva con hemorragias internas graves, situación que generó profunda preocupación entre familiares y observadores. Las críticas más fuertes apuntan a Arrigo, a quien la defensa responsabiliza de haber demorado la investigación al no presentar cargos formales.
También figura en el artículo el antecedente de la muerte de Franco Casco, un joven que desapareció en Rosario en 2014 tras ser detenido por la policía y cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná. La familia y organizaciones de derechos humanos denunciaron torturas y desaparición forzada.
Arrigo participó en esa investigación, ampliamente cuestionada por irregularidades y manejo deficiente de la evidencia forense. Los policías involucrados fueron absueltos y presentaron una denuncia ante el Fiscal General acusando a Arrigo de falsificación de pruebas, denuncia que permanece paralizada. “Esto genera la impresión de que no existe voluntad de avanzar”, señala Amicarelli.
Amicarelli analiza el Estado de Derecho en Argentina
El artículo explicita que no toma posición sobre el fondo de ninguno de estos casos, sino que apunta a un problema de procedimiento: cuando los fiscales manejan mal la evidencia, el resultado puede ser la condena de inocentes o la absolución de culpables.
Ambos resultados socavan el Estado de derecho. “Argentina tiene una orgullosa tradición jurídica y es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos exigen estricta adhesión a la legalidad, la proporcionalidad y el debido proceso”, escribe el abogado.
El cierre del artículo está dirigido directamente a las más altas esferas del Poder Ejecutivo argentino. Amicarelli interpela al Presidente, al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Seguridad, y los llama a garantizar mecanismos efectivos de control, transparencia y rendición de cuentas dentro del sistema de persecución penal. “Deben garantizar que fiscales, jueces y otros funcionarios actúen estrictamente dentro de la ley y respeten plenamente los derechos humanos, los principios del juicio justo y la dignidad humana de todos los participantes en los procesos judiciales”, sostiene.
El análisis de Amicarelli se suma a una serie de voces internacionales que en los últimos meses pusieron el foco sobre el caso Rudnev y sobre el sistema judicial argentino. La abogada parisina Patricia Duval presentó en enero de 2026 una solicitud de acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU y cuatro Relatores Especiales.
El CESNUR, el mayor centro mundial de investigación sobre nuevos movimientos religiosos, lanzó una comisión de nueve especialistas internacionales para estudiar el proceso. Y la CIDH recibió en febrero una petición de medidas cautelares que se encuentra en etapa de estudio.
La causa contra Rudnev continúa en etapa de investigación mientras él cumple arresto domiciliario en San Vicente con tobillera electrónica. La defensa, a cargo de Martín Sarubbi, impulsa el cierre del expediente por falta de pruebas y acaba de presentar una recusación formal contra los fiscales Arrigo, Labal y Révora por “falta absoluta de objetividad”. El artículo de Amicarelli en The European Times llega en ese contexto y agrega una dimensión que excede el expediente local: la de un sistema que, según el autor, requiere reformas estructurales urgentes para estar a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos que Argentina suscribió.
