Regulación, datos, poder y democracia: Aimé Aminahuel, politóloga y doctora en Política Pública con posdoctorado en IA aplicada, explica qué está en juego cuando el Estado les entrega información pública a empresas como Palantir sin licitación ni transparencia. “Lo llamemos capitalismo de plataforma o tecnofeudalismo, es un proyecto capitalista”, sostiene.
Aimé Aminahuel llegó a Córdoba desde Santa Cruz hace unos quince años y ya no se fue. Pasó por Río Cuarto, por la capital, y hoy vive en Villa María. El tiempo cordobés le dejó, dicen sus interlocutores, hasta la tonada. Ella no lo niega y cuenta que se ha relacionado con “muchos cordobeses y cordobesas y cuando voy allá no me lo dejan pasar”.
Politóloga de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctora en Administración y Política Pública por la Universidad Nacional de Córdoba y con un posdoctorado en IA aplicada en Ciencias de Datos también en la UNRC, Aminahuel es una de las académicas argentinas que lleva más años estudiando los cruces entre tecnología, poder y derechos.
La entrevista fue pocos días después que el gobierno nacional anunciara, con bombos, pero sin datos de presupuesto ni de organigrama, el proyecto de los “gemelos digitales”: un sistema de modelización social tomado de la automatización industrial y reconvertido, según la presentación conjunta del Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Defensa, en herramienta de anticipación de escenarios. La conversación empezó por ahí, pero fue mucho más lejos.
Un campo en permanente ebullición
Hacer un estado del arte sobre inteligencia artificial es hoy, reconoce Aminahuel, un ejercicio casi imposible. “La producción de los últimos cuatro años es absolutamente intensa”, dice, “sobre todo a partir de la masificación de la IA generativa, que es la que trabaja con lenguaje natural y que trajo consigo reflexiones en campos muy distintos”.
La irrupción masiva del tema transformó las agendas académicas, pero no de manera pareja ni inocente.
Desde una perspectiva de economía política de la comunicación, la que ella reivindica, y en la que ubica a referentes como Flavia Acosta y Martín Becerra, hay una asimetría notable entre lo que se produce en Europa y lo que circula en América Latina.
En Europa, la discusión avanzó hacia lo empírico: los efectos concretos de la IA sobre derechos, sobre democracia, sobre condiciones de vida.
En América Latina, en cambio, la conversación quedó atrapada en lo que Aminahuel llama “un discurso civilizatorio”: la idea de que quien no se adapta a la IA queda fuera de la modernidad, de la innovación, del futuro. “No hemos tenido el tiempo de parar la pelota”, dice, “y ponernos a reflexionar sobre los efectos de la IA en nuestra región y, particularmente, sobre los derechos”.
Esa demora, advierte, no es accidental.
Aimé Aimanahuel es Politóloga (Universidad Nacional de Río Cuarto), Dra. en Administración y Política Pública (Universidad Nacional de Córdoba) y con un Posdoctorado en IA aplicada (Ciencias de Datos de la UNRC).
Autorregulación es también regulación: la de los mercados
Uno de los argumentos más extendidos para frenar cualquier intento de control público sobre las grandes plataformas tecnológicas es que la IA es demasiado dinámica, demasiado veloz, demasiado compleja para ser regulada. Cualquier intervención estatal llegaría tarde y mal.
Aminahuel desmonta esa lógica con una precisión quirúrgica: “Pareciera que no están regulados, pero en realidad sí lo están. Están autorregulados por intereses mercantiles. Eso hay que decirlo: son intereses privados”.
“Los tribunales superiores en Argentina, en América Latina, han optado una perspectiva, yo digo, muy relacionada a lo que Organización Mundial del Comercio cree sobre estas organizaciones. Están bastante colonizados por el paradigma de la OMC. Eso es como un primer argumento o resultado de las investigaciones del último período”, sostiene.
El argumento de la no-regulación es, en rigor, la defensa de una forma de regulación particular: la del mercado, la de las corporaciones, la del secreto comercial. La aparente neutralidad técnica de los algoritmos encubre decisiones políticas sobre qué se pondera, qué se clasifica, qué se amplifica y qué se silencia.
“Lo que no nos dicen las patentes de esos algoritmos”, explica, “es qué se toma de nosotros: si se toma la voz, si se toman las conversaciones, qué peso se le da a cada cosa para etiquetarnos y hacer microtargeting”.
COMO DEFENDERNOS DEL GEMELO DIGITAL SOCIAL https://t.co/1hh5LCwRID vía @YouTube
— Ariel Garbarz (@GarbarzAriel) June 2, 2026
El resultado es lo que una investigadora belga que Aminahuel cita, Antoinette Rouvroy, describe como la “modelización de lo social”: la anticipación algorítmica del comportamiento colectivo. Vigilancia total, pero en manos privadas y sin posibilidad de escrutinio público.
La comparación con el censo es iluminadora. Cuando el Estado construye información a través de un censo, los ciudadanos, explica Aminahuel pueden interpelarlo: saben cómo es el instrumento, pueden preguntar cómo se los está clasificando.
Pero con los algoritmos de empresas como Palantir, que firmó un convenio con el gobierno argentino en 2024 para cruzar datos de ANSES y Migraciones, entre otros organismos, esa posibilidad sencillamente no existe. Y sin licitación pública de por medio, agrega Aminahuel, ni siquiera hay un procedimiento formal que permita saber qué información privada está entregando el Estado argentino a esa empresa, cuestionada en múltiples foros internacionales.
Cambridge Analytica: el caso testigo tuvo nombre argentino
El primer momento de alerta global sobre el uso político de datos masivos fue el escándalo de Cambridge Analytica, que en 2018 reveló la extracción ilegal de datos de casi 53 millones de personas para orientar campañas electorales.
El caso se asoció públicamente con la victoria de Donald Trump, pero hay que recordar que el leading case, el caso testigo, fue argentino: fue en 2015, cuando esos mismos mecanismos fueron utilizados en la campaña de Mauricio Macri. “En los mismos juicios, el fundador de Cambridge Analytica lo menciona explícitamente”, señala. La exportación del modelo a otras regiones contó, además, con la intervención de figuras como Steve Bannon, hoy convertido en referencia ideológica global de la ultraderecha.
Lo que aquellos juicios pusieron en evidencia, más allá del escándalo puntual, fue la arquitectura de un sistema que venía operando silenciosamente: la mercantilización del tiempo libre, la conversión de la actividad cotidiana en datos y de los datos en poder electoral y económico. “Evidentemente este sistema estaba funcionando”, resume Aminahuel, “mercantilizando el tiempo libre”.
“Lo llamemos capitalismo de plataforma o tecnofeudalismo, es un proyecto capitalista”, sostiene.
Aimé Aminahuel.
Tecnofeudalismo, tecnofascismo: los nombres del poder concentrado
En los estantes de Aminahuel hay libros de autores que discuten si lo que está ocurriendo debe llamarse tecnofascismo o tecnofeudalismo. Ella no descarta ninguno de los dos términos y los inscribe en una tradición crítica más amplia, la de la economía política, que habla directamente de totalitarismos tecnológicos.
¿Por qué totalitarismo? Porque el fascismo histórico, y aquí Aminahuel vuelve a la historia de los años treinta, se definía por el rechazo simultáneo a las ideologías de izquierda y a la democracia liberal, y por el intento de control total de la vida de las personas. La oligarquía tecnológica contemporánea comparte, en su lectura, rasgos estructurales con ese modelo.
“Estos tecno-ricos han hecho su fortuna a través de la apropiación ilegal del excedente informacional no regulado en regiones como América Latina”, dice, “y tienen una mirada muy crítica de la democracia”.
Lo dice, aclara, no como interpretación propia sino como dato empírico: lo ha dicho Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los ideólogos del movimiento tecno-libertario, con su nombre y apellido.
La lógica es simple: en algún estadio, la democracia empieza a discutir la redistribución de bienes, incluidos los bienes informacionales, y eso colisiona con el modelo de acumulación que estas corporaciones defienden. “Desearían que no existan reglas de juego que garanticen los derechos individuales”, sintetiza Aminahuel. La protección de datos personales, en ese esquema, no es un detalle técnico sino un campo de batalla político.
A esto se suma una dimensión de género y de proyecto civilizatorio que la investigadora no pasa por alto.
La nueva oligarquía tecnológica está compuesta mayoritariamente por masculinidades hegemónicas y tiene, más allá del dato anecdótico, un proyecto que Rita Segato, a quien Aminahuel retoma de una entrevista de 2025, describe no como “extrema derecha” sino como “proyectos de la concentración”.
Un proyecto que choca frontalmente con los feminismos, precisamente porque los feminismos pusieron en cuestión el modelo de acumulación neoliberal. “Son neoliberales”, subraya Aminahuel.
“Así lo llamemos capitalismo de plataforma o tecnofeudalismo, sigue siendo un proyecto capitalista”, asegura. Y si uno presta atención, explica “la gran mayoría de estas big tech, exceptuando Palantir que fue financiada por la CIA en sus inicios, incluido Mercado Libre, fueron financiadas en sus inicios por grandes grupos financieros”.
Son, en definitiva, nuevos espacios de acumulación del capital, con “características fascistas totalitarias y con desprecio declarado por las democracias, las disidencias y cualquier proyecto alternativo que cuestione su modelo de concentración”.
Los casos que muestran lo que está en juego
Para que la discusión no quede en lo abstracto, Aminahuel repasa casos concretos que ilustran tanto el poder de las plataformas como las limitaciones actuales de los sistemas jurídicos para contenerlo.
El caso de Brasil y las campañas de desinformación contra Dilma Rousseff, difundidas por X y WhatsApp durante el proceso electoral, sigue discutiéndose en el Tribunal Supremo. En Europa, ese tipo de manipulación informacional en períodos electorales ya está regulada. En América Latina, no.
El caso de Cristina Fernández de Kirchner contra Google es también revelador en varios sentidos. Cuando se escribía su nombre en el buscador, el algoritmo completaba la búsqueda con una frase agraviante. Fernández de Kirchner inició el juicio y llegó hasta el Tribunal Supremo. Google argumentó secreto comercial para no transparentar el algoritmo.
La demandante retrucó con una lógica impecable: si la completación era puramente técnica, por repetición estadística, no habría ningún problema en demostrarlo científicamente, mostrando qué ponderó el algoritmo ese día. Google no lo hizo. Prefirió pagar la multa. Los fondos de la compensación fueron donados al Hospital de Niños de La Plata.
El episodio, señala Aminahuel, es ejemplar por dos razones. Primera: muestra la enorme influencia que tienen las plataformas sobre los procesos electorales y la opinión pública. Segunda, y más importante desde el punto de vista jurídico: son casos individuales, vinculados a derechos personalísimos, que no constituyen todavía un cuerpo jurídico que defienda el interés colectivo. Ganar la causa individual no es lo mismo que construir un marco regulatorio.
¿Qué hay en danza en Argentina?
La pregunta sobre qué está haciendo la política argentina ante todo esto, el Papa León XIV acaba de publicar una encíclica abordando estos temas, la academia lleva años estudiándolos, la sociedad civil empieza a organizarse, genera una respuesta sobria y un poco desoladora.
A nivel supranacional, UNESCO viene desde 2020 desarrollando posicionamientos que proponen a los estados políticas de carácter multinivel e intersectorial, con participación de actores públicos y privados: la llamada “corregulación”.
Aminahuel es crítica de ese enfoque, “es demasiado poco para los tecno-ricos”, dice con ironía, pero reconoce que es lo más articulado que hay en el plano global.
En Brasil, el proyecto 2630 de regulación de plataformas sigue en discusión y va más lejos que cualquier iniciativa regional comparable.
En Argentina, lo que está en danza es más acotado: un proyecto de educación digital integral, presentado por el diputado Juan Grabois, con una orientación más protectora que regulatoria, al estilo de la Educación Sexual Integral; y algunas iniciativas en la legislatura de Buenos Aires sobre el uso de celulares en escuelas, impulsadas principalmente por la problemática de las apuestas en línea.
“Estamos bastante más atrasados que otros países de la región”, diagnostica Aminahuel, “y creo que tiene que ver con el contexto sociopolítico. Estamos en un momento donde la palabra regulación se volvió mala palabra. Eso es una derrota del campo popular”.
La investigadora, que además de docente e investigadora es delegada sindical en su universidad, cierra con una imagen que vale como resumen de su posición: la academia, dice, tiene el mismo rol que el periodismo en la formación de opinión pública.
Ambos están bajo presión, la universidad pública argentina atraviesa hace meses una crisis de financiamiento, pero ambos siguen siendo necesarios para nombrar lo que otros prefieren que no tenga nombre.
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