El Tribunal de Revisión resolvió la prisión domiciliaria para Konstantin Rudnev tras más de un año detenido. En una audiencia clave, los jueces cuestionaron los argumentos de la fiscalía y marcaron que no hubo fundamentos suficientes para sostener el encierro en cárcel. Los detalles exclusivos del acta revelan inconsistencias en la acusación.
La Justicia federal resolvió otorgar la prisión domiciliaria a Konstantin Rudnev en el marco de la causa por presunta trata de personas en Bariloche. La decisión fue adoptada por el Tribunal de Revisión integrado por los jueces Mariano Lozano y Richard Gallego.
La audiencia se realizó el 23 de abril y se extendió por más de dos horas. El dato central: Rudnev llevaba más de un año en prisión preventiva sin que aparezcan pruebas concretas en su contra. Finalmente, el tribunal admitió parcialmente el planteo de la defensa. Y resolvió cambiar el régimen de detención a arresto domiciliario.
Según el documento oficial, el tribunal decidió mantener la prórroga de la prisión preventiva, pero modificar su modalidad de cumplimiento. Esto significa que la Justicia reconoció que el encierro en cárcel ya no era proporcional. Rudnev deberá cumplir arresto domiciliario en San Vicente, provincia de Buenos Aires.
Además, se le colocará una tobillera electrónica y deberá pagar una caución de 30 millones de pesos. También tendrá prohibición absoluta de contacto con la presunta víctima y testigos. El fallo marca un punto de inflexión en la causa Rudnev.
Uno de los puntos más contundentes de la audiencia fue el planteo de la defensa sobre la falta total de pruebas.
El abogado Martín Sarubbi sostuvo que “la fiscalía no ha hecho un análisis razonable de la medida solicitada”. Además, remarcó que “no hay peligro de entorpecimiento probatorio ni prueba que acredite el peligro de fuga”. Estas afirmaciones quedaron registradas en el acta judicial.
El defensor insistió en el principio de inocencia. Y subrayó el derecho de su defendido a transitar el proceso en libertad.
Del otro lado, la fiscalía sostuvo una postura rígida. El auxiliar fiscal Tomás Labal afirmó que “no han desaparecido ninguno de los motivos por los cuales fuera impuesta la medida”. También aseguró que las medidas alternativas “no llegan a neutralizar los riesgos procesales”.
Sin embargo, estos argumentos fueron luego evaluados por el tribunal. Y los jueces consideraron que no eran suficientes para sostener el encierro en prisión. Este punto fue clave para la resolución final.
Un dato determinante que surge del acta es que ni el defensor de la víctima ni la asesora de menores se opusieron a la domiciliaria. El representante de la víctima afirmó que, tras tomar contacto con su representada, no tenía objeciones.
La asesora, en tanto, solo pidió restricciones de contacto. Esta coincidencia fue determinante en la decisión judicial. No es habitual que todas las partes coincidan en un punto clave del proceso. Y eso debilitó aún más la posición de la fiscalía.
En su resolución, el tribunal hizo un análisis profundo del caso. Recordó que la prisión preventiva fue dictada en abril de 2025. Y que ya había sido revisada en varias oportunidades.
Sin embargo, esta vez destacó un punto central: “la prórroga de la prisión preventiva es una excepción más severa”. Esto implica que debe justificarse con mayor rigor. Y en este caso, los jueces consideraron que eso no ocurrió. El paso del tiempo sin pruebas fue un factor determinante.
Uno de los párrafos más fuertes del fallo apunta directamente a la fiscalía. El tribunal señaló que sus fundamentos “han sido en cierta manera insuficientes”.
Además, aclaró que esos argumentos pueden servir para justificar la prórroga. Pero no para sostener el encierro carcelario. Esta diferenciación fue clave: la Justicia sostuvo que no todo lo que justifica investigar justifica encarcelar. Y en ese punto, la defensa logró su objetivo.
El abogado Martín Sarubbi también reforzó su postura en la audiencia. En su última intervención, respondió punto por punto a la fiscalía.
Reafirmó la inexistencia de riesgos concretos. Y ofreció garantías adicionales para asegurar el cumplimiento del proceso. Entre ellas, se propuso como garante personal y fiador de Rudnev. También planteó monitoreo permanente y control judicial. Este esquema fue valorado positivamente por el tribunal.
Cómo será la prisión domiciliaria
La resolución impone condiciones estrictas. Rudnev no podrá salir del domicilio salvo emergencias médicas. Tendrá prohibición total de contacto con la presunta víctima. Se le colocará una tobillera electrónica para control permanente. Además, deberá depositar una caución millonaria. Estas medidas buscan garantizar el proceso sin necesidad de prisión efectiva. Es decir, la Justicia optó por un esquema menos gravoso pero controlado.
Al cierre de la audiencia, la fiscalía dejó constancia de que podría apelar. Esto abre un nuevo capítulo en la causa. Pero lo cierto es que el fallo ya marca un cambio fuerte en el expediente. La prisión domiciliaria refleja que la situación procesal de Rudnev cambió. Y que los argumentos iniciales perdieron fuerza con el tiempo. El caso entra ahora en una etapa clave.
En definitiva, la causa Rudnev muestra un giro relevante. Después de más de un año sin pruebas concretas, la Justicia decidió modificar la detención. La defensa insiste en que no hay delito ni evidencia. Y el fallo, al menos parcialmente, acompaña esa postura. El eje ahora estará en si la fiscalía puede sostener su acusación con pruebas reales. Algo que, hasta el momento, no ha ocurrido.
