Cinco peritos del Cuerpo Médico Forense examinaron a Konstantin Rudnev en su domicilio de San Vicente tras tres cirugías. Su informe es clave para el mantenimiento de la prisión domiciliaria. En paralelo, continúan las presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU
El futuro inmediato de Konstantin Rudnev, el ciudadano ruso imputado por presunta trata de personas en Bariloche, quedó en manos de los médicos. El informe del Cuerpo Médico Forense sobre el examen realizado el jueves 1 de octubre en su domicilio será determinante para definir si permanece en arresto domiciliario o si es trasladado a una cárcel federal, mientras el caso suma presentaciones y advertencias en distintos ámbitos del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas.
La pericia tiene un peso procesal concreto. Cuando la Cámara Federal de Casación Penal revocó en junio la prisión domiciliaria, condicionó el regreso a la unidad penitenciaria a que se certificara su estado de salud integral, con intervención de un traductor y tras su alta médica.
Según relató su esposa, Tamara Rudneva, hasta la vivienda de San Vicente llegaron cinco peritos del organismo, mientras que otros cuatro médicos participaron por parte de la familia. La mujer aseguró que durante el examen se registró una frecuencia cardíaca cercana a los 125 latidos por minuto, alteraciones del ritmo y una saturación de oxígeno de alrededor del 92%, valores que deberán ser cotejados con el informe oficial.
Rudneva sostuvo además que los profesionales le preguntaron por qué su marido no estaba internado frente al cuadro que observaban, y que pudieron comprobar el nivel de asistencia que requiere en su vida cotidiana. Según explicó, respondió que la hospitalización y los traslados le provocan un fuerte estrés y que su estado suele empeorar después, por lo que, siempre que los médicos lo permiten, la familia procura organizar controles y tratamientos en la vivienda. “Ahora esperamos que el informe final sea objetivo, esté debidamente fundamentado desde el punto de vista médico y refleje con precisión lo que los especialistas pudieron observar”, afirmó.
Lo que se discutió el 28 de septiembre
En esa audiencia, el Tribunal de Revisión rechazó la impugnación de la defensa contra la decisión del juez de Garantías del 14 de septiembre, que había denegado un nuevo pedido de domiciliaria. Los jueces partieron de lo resuelto por Casación, pero uno de los jueces, dejó un matiz significativo al dirigirse al defensor Martín Sarubbi: “Comparto su postura”, dijo, aunque aclaró que debía ajustarse al criterio de Casación
Martin Sarubbi, en defensa de Rudnev, insistió en que su cliente lleva más de 130 días en San Vicente sin incumplimientos y advirtió que en la Unidad 6 de Rawson se comunicaba con los médicos mediante el traductor de Google, ya que solo habla ruso. También cuestionó que, a casi dos años de iniciada la causa, no se hayan realizado las pericias sobre las sustancias secuestradas, que según la defensa son medicamentos en blísters.
Ni la querella ni la asesora de Niños, Niñas y Adolescentes, María Laura Irastorza, se opusieron al planteo de la defensa. La funcionaria advirtió que, si los peritos oficiales ratifican el estado de salud informado, el regreso a una cárcel podría convertirse en un “anticipo de pena cruel”.
La dimensión internacional de la Causa Rudnev
Mientras tanto, el expediente ganó exposición en Ginebra. Entre marzo y septiembre, organizaciones no gubernamentales con estatus consultivo presentaron declaraciones escritas sobre el caso en tres sesiones consecutivas del Consejo de Derechos Humanos. La última, ante la 63ª sesión que se desarrolla hasta el 9 de octubre, cuestiona la intervención de Casación y la actuación del fiscal Fernando Arrigo.
El 10 de septiembre, la abogada francesa Patricia Duval pidió al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria la emisión de un llamamiento urgente al Gobierno argentino, con copia a cuatro relatorías especiales. Su escrito incorpora un informe médico del 29 de mayo que concluyó que Rudnev requiere “un entorno de cuidado continuo”, con asistencia diaria de enfermería y acceso inmediato a urgencias cardiológicas y neurológicas.
A esas presentaciones se sumó el dictamen de Martin Scheinin, ex miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y ex Relator Especial de Naciones Unidas, firmado en Florencia el 27 de septiembre. El jurista concluyó que, por la edad y la salud del imputado y por las condiciones carcelarias informadas en el país, su traslado a prisión “constituiría un trato cruel e inhumano” en los términos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el pedido fiscal debe ser rechazado.
