El periodista Alessandro Amicarelli publicó en The European Times un análisis crítico sobre la actuación del fiscal argentino Fernando Arrigo, centrado en dos causas que, según su lectura, comparten un mismo patrón: prisiones preventivas prolongadas, cuestionamientos sobre el manejo de la prueba y un fuerte costo humano para las familias involucradas.
El artículo recuerda que Franco Casco desapareció en 2014 tras ser detenido en una comisaría de Rosario, y que su cuerpo apareció después en el río Paraná. El hecho generó una fuerte conmoción social: la familia de la víctima sostiene que policías fueron responsables de su muerte, mientras que los agentes acusados niegan los cargos.
Amicarelli aclara que no toma partido sobre el fondo del caso, algo que, señala, corresponde a la Justicia, sino que pone el foco en cómo se llevó adelante la investigación y en las consecuencias de una detención preventiva que se extendió durante años.
Según relata, varios de los policías detenidos permanecieron encarcelados mucho tiempo mientras la causa seguía abierta, con hijos que crecieron sin ellos y parejas que atravesaron largos períodos de angustia.
Uno de los casos que cita es el del subcomisario Enrique Gianola, quien pasó seis años en prisión preventiva en el penal de Marcos Paz. Gianola relató el impacto que la ausencia tuvo en su hijo, a quien, dijo, “se le cayó el pelo” por el estrés durante ese período.
El artículo también recoge testimonios de otros hijos de detenidos: chicos que dejaron de festejar sus cumpleaños, que no recuerdan la sensación de que su padre los busque por la escuela, o que desarrollaron cuadros de ansiedad y tuvieron que iniciar tratamiento psicológico.
Amicarelli menciona además pedidos directos de esos niños al fiscal Arrigo, reclamando explicaciones por procesos que, según sostienen, mantuvieron a sus padres presos durante años pese a resultar luego absueltos.
Arrigo:el paralelismo con el caso Rudnev
El autor traza una línea entre el caso Casco y el proceso contra el maestro espiritual ruso Konstantin Rudnev, otra causa donde Arrigo tuvo un rol central.
Según el artículo, ese expediente estuvo marcado por irregularidades procesales, cuestionamientos a la prueba presentada y una insistencia en presentar a Rudnev como líder de una organización peligrosa.
Amicarelli sostiene que la defensa acusó al fiscal de apoyarse en pruebas débiles y de resistirse a corregir el expediente, mientras se ignoraban problemas de salud del acusado.
Amicarelli plantea que los paralelismos con el caso Rudnev son “innegables”. En ese sentido, dice el autor, “un estudio académico internacional recopiló recientemente informes que contradicen la versión de la fiscalía”.
En esa línea recuerda que se “ha acusado a Arrigo de basarse en pruebas defectuosas y de oponerse a los intentos de corregir el expediente. La detención preventiva se ha prolongado, se han ignorado los graves problemas de salud de Rudnev y el caso se ha caracterizado por irregularidades y demoras que han generado dudas sobre los métodos de la fiscalía”.
La dimensión más amplia
El artículo cita estimaciones según las cuales unas cincuenta mil familias argentinas se habrían visto afectadas en los últimos años por prisiones preventivas extendidas, con hijos criados en hogares fracturados y familiares que murieron sin ver la liberación de sus seres queridos.
Amicarelli concluye que, cuando patrones similares se repiten en distintas causas manejadas por el mismo fiscal, es legítimo preguntarse si se trata de casos aislados o de una forma de trabajo más generalizada.
Remarca que la prisión preventiva es una herramienta que debe usarse con moderación, y que su uso prolongado y rutinario, sostiene, erosiona la confianza en las instituciones.
El autor aclara que su planteo no implica una falta de respeto hacia la Justicia argentina, sino un pedido de que los casos Casco y Rudnev sean revisados con atención.
